Bogotá, 6 nov (EFE).- Los familiares de los desaparecidos en la operación militar de retoma del Palacio de Justicia de Colombia, de cuyo asalto por un comando guerrillero se cumplen hoy 30 años, exigieron que se rompa el «pacto de silencio» que a su juicio ha impedido saber lo que ocurrió en ese trágico episodio.
Cuatro familiares de las once personas oficialmente dadas por desaparecidas en aquel sangriento episodio ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985, fueron los primeros en intervenir hoy en el acto conmemorativo que se celebra en Bogotá encabezado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
«Exigimos que este pacto de silencio que se ha mantenido durante treinta años finalmente se rompa, que los criminales asuman la responsabilidad y digan la verdad que tanta falta le hace a nuestro país», reclamó Héctor Jaime Beltrán.
Beltrán, padre de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, camarero de la cafetería del Palacio y uno de los desaparecidos, dijo que de ese «pacto de silencio» hace parte el presidente en la época de los hechos, Belisario Betancur (1982-1986).
A su juicio, también participaron los ministros de su gabinete y los militares que dirigieron la operación de recuperación del Palacio tomado por un comando de 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19).
«El expresidente Belisario Betancur nunca asumió la grave responsabilidad que le corresponde, ni sus ministros que encubrieron los hechos y la cúpula militar de la época que retuvo arbitrariamente, torturó y desapareció a nuestros familiares», agregó Beltrán.
La toma guerrillera del Palacio, sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y la posterior recuperación militar a sangre y fuego del edificio que fue arrasado por las balas y las llamas, dejó cerca de un centenar de muertos, decenas de heridos y once desaparecidos que salieron vida de la edificación.
Entre los muertos quedaron once magistrados de la Corte Suprema, incluido su presidente, Alfonso Reyes Echandía, quien en las horas iniciales del asalto guerrillero pidió repetidamente a Betancur un alto el fuego para evitar una hecatombe, pero su pedido no fue escuchado.
La mayoría de los desaparecidos eran trabajadores de la cafetería del Palacio o visitantes y el acto conmemorativo de hoy, en el que Santos pedirá perdón en nombre del Estado colombiano, responde a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por estas once personas.
«Se estableció un pacto de silencio entre los implicados que ha cimentado la prolongación de la guerra y el militarismo», dijo Maireen Urán, hija de Carlos Horacio Urán Rojas, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, que salió con vida del edificio y luego fue reportado como muerto en el fuego cruzado.
La CorteIDH consideró en su sentencia que el magistrado Urán Rojas fue víctima de «desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial», aunque su cadáver fue entregado a su viuda al día siguiente.
Por el caso de los desaparecidos están condenados el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, quienes pagan su pena en un cuartel militar de Bogotá.
«Los oficiales condenados disfrutan de detención privilegiada y libertad de movimiento, es una burla», afirmó Francisco Lanao, esposo de la abogada Gloria Anzola de Lanao, otra de las desaparecidas.
Por su parte, Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería, denunció la «tortura psicológica a la que nos vemos sometidos» desde hace treinta años y pidió que la verdad no llegue «a cuentagotas» sino que haya «una verdad completa».