La Habana, 11 sep (EFE).- Las FARC afirmaron hoy que la decisión «unilateral» de una fórmula de refrendación de los acuerdos del proceso de paz de La Habana sería «inconveniente» para el éxito de los diálogos, y que «no conocen» el contenido del proyecto legislativo que se debate actualmente en el Congreso de Colombia.
«Resulta inconveniente resolver de manera unilateral uno de los asuntos que aún no aborda la mesa de conversaciones, como es el de la refrendación, contenida en el punto sexto de la agenda», dijo a la prensa el número dos de la insurgencia, Iván Márquez (alias de Luciano Marín Arango), en el inicio de un nuevo ciclo de diálogos.
«Reiteramos que en La Habana no conocemos el contenido del proyecto legislativo que según la prensa se estaría socializando en el Congreso», advirtió la guerrilla en referencia a las propuestas de ley que impulsa el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para la aplicación de un posible acuerdo de paz.
Las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) precisaron que el proceso de paz no significa el «sometimiento», sino que es un «diálogo entre partes iguales» y reafirmó que pretenden «construir fórmulas consensuadas» que «allanen» el camino hacia una futura reconciliación.
«No hemos venido a la Habana a negociar impunidades ni a agachar la cabeza frente al derecho penal del enemigo», aseveró la guerrilla en el comunicado.
En agosto pasado las FARC reaccionaron con preocupación a la iniciativa de Santos de crear un órgano legislativo transitorio, conocido como «Congresito», que estaría formado por legisladores y una representación de la insurgencia, con el objetivo de reglamentar los posibles acuerdos de paz con el grupo guerrillero.
Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos confirmó el pasado miércoles que los eventuales acuerdos de paz que se firmen con las FARC serán refrendados por los ciudadanos, pero que el proceso de implementación es «diferente», por lo cual puede quedar en manos del Congreso.
Preguntados por una futura inclusión de los guerrilleros en la conformación de este proyecto legislativo, fuentes del Gobierno aseguraron su voluntad de «socializar» estos mecanismos con las FARC.
También reafirmaron que la búsqueda de las «herramientas jurídicas», sobre las cuales se basarían los acuerdos de paz, es «una obligación del Estado».
El Gobierno colombiano sostuvo que la intención es «adelantarse» y «estar preparados» ante la llegada a un acuerdo, para luego no «gastar tiempo» en la construcción de instrumentos para poner en práctica lo suscrito en La Habana, sede permanente de los diálogos de paz desde noviembre de 2012.
En cuanto al proceso, que hoy inicia un nuevo ciclo, aseguraron que transcurre en un «buen ambiente» y que se mantienen los trabajos en la subcomisión jurídica, que se instauró a finales de julio con representantes elegidos por las dos partes.
Según las FARC esta subcomisión los ha colocado «a las puertas» de un acuerdo sobre justicia, uno de los temas que las partes abordan desde hace meses en la mesa de conversaciones, como parte del punto relativo a la reparación de las víctimas.
Además, anunciaron que avanzan las negociaciones en el terreno del cese el fuego definitivo, que tienen lugar en la subcomisión técnica integrada «por cinco generales y un almirante» del Ejército colombiano, junto a comandantes del Secretariado y del Estado Mayor Central de las FARC.
La guerrilla adelantó también que ya han comenzado el estudio sobre el «esclarecimiento y desmonte del fenómeno del paramilitarismo», que según afirman no podrá quedar «gravitando como amenaza de guerra sucia» luego de concertada la paz definitiva.
Por último, las FARC urgieron a los Gobiernos de Venezuela y Colombia a superar las «desavenencias» para garantizar el éxito de los diálogos de paz, de los que Venezuela es país acompañante.
Los guerrilleros pidieron un entendimiento ante la crisis en el límite colombo-venezolano, iniciada el pasado 19 de agosto tras el cierre de una parte de la frontera común, ordenado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a causa de un ataque de supuestos contrabandistas paramilitares contra tres militares y un civil venezolanos.