Bogotá, 8 sep (EFE).- La Fiscalía de Colombia llamó hoy a declarar a cuatro altos oficiales de la Policía, entre ellos dos generales en retiro, dentro de la investigación por el magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, en agosto de 1989.
El ente investigador llamó a indagatoria a los generales retirados Argemiro Serna, quien se desempeñaba en ese entonces como subcomandante de la Policía del departamento de Cundinamarca (del que Bogotá es su capital), y Óscar Peláez Carmona, que ejercía la dirección de la Policía judicial (Dijín).
También fueron llamados a declarar los coroneles Gustavo Alfonso Leal, quien entonces era comandante de la Policía de Cundinamarca, y Gentil Vidal, en esa época comandante operativo de esa institución.
Galán, de 45 años, fue asesinado la noche del 18 de agosto de 1989 en la plaza principal de Soacha, un municipio a las afueras de Bogotá, tan pronto subió a la tarima para encabezar un mitin de su campaña para las elecciones presidenciales del año siguiente de las que era favorito.
Leal, Vidal y Serna «serán vinculados oficialmente para que expliquen las medidas de seguridad que tenía el candidato a la Presidencia para la época (…), y en concreto las medidas que se tomaron para la seguridad en la manifestación en Soacha, donde fue asesinado», señaló en una rueda de prensa el vicefiscal colombiano, Jorge Perdomo.
Peláez, por su parte, «será preguntado sobre la forma como se realizó la investigación, lo que llevará a la Fiscalía a determinar si hubo algún tipo de desviación», agregó el vicefiscal.
El funcionario indicó que el llamado a indagatorias significa que estos oficiales en retiro «quedan vinculados al proceso penal».
«Es la oportunidad que tienen de explicar a la Fiscalía la forma como se desarrollaron todos los temas de seguridad para la época de los hechos, de colaborar con la investigación y por supuesto de ejercer una correcta defensa», agregó.
Las diligencias de indagatoria se realizarán entre los meses de septiembre y noviembre próximo.
El magnicidio de Galán Sarmiento fue atribuido a una alianza del cartel de Medellín, dirigido por el capo Pablo Escobar, con algunos sectores políticos y agentes estatales que estaban en contra de la figura de la extradición.
Por el crimen fue condenado a 24 años de prisión el exsenador y exministro liberal Alberto Santofimio Botero, quien según las investigaciones fue quien sugirió a Escobar asesinar a Galán.
Este hecho fue declarado crimen de lesa humanidad por la justicia colombiana, lo que impide que prescriba.