Bogotá, 13 jul (EFE).- La Defensoría del Pueblo manifestó hoy que vigilará el desescalamiento del conflicto armado anunciado por el Gobierno y las FARC por considerar que es «su deber legal y constitucional».
«Como se ha dicho desde un principio, la Defensoría acompaña todas las decisiones encaminadas a proteger los derechos humanos y la vida de los civiles, quienes nada tienen que ver con el conflicto armado», señaló la entidad en un comunicado.
La Defensoría agregó que a través de sus 36 regionales y del Sistema de Alertas tempranas (SAT), «seguirá denunciando cualquier incumplimiento ante la opinión pública, las instancias internacionales y los organismos de investigación y control encargados de impartir justicia».
Según la entidad, desde el 22 de mayo, cuando las FARC suspendieron su cese el fuego unilateral, «esa guerrilla ha protagonizado 57 acciones violentas con afectación directa a la población civil, algunas de ellas provocando daños incalculables al ecosistema y perjuicios en el suministro de servicios públicos fundamentales».
La Defensoría confía sin embargo en que los recientes anuncios respecto al desescalamiento del conflicto con miras a un cese el fuego bilateral y definitivo, y el horizonte de cuatro meses para avanzar en los acuerdos de paz, se traduzcan en el fin de la violencia para los colombianos.
«Elementos como el segundo cese unilateral, ofrecido por la guerrilla a partir del próximo 20 de julio, y la voluntad del Gobierno y la Fuerza Pública para disminuir gradualmente la ofensiva militar, resultan esperanzadores ante el clamor de miles de ciudadanos», afirmó la Defensoría.