Bogotá, 16 dic (EFE).- El acuerdo sobre víctimas alcanzado este martes por el Gobierno colombiano y las FARC supone un hito al contemplar la participación efectiva de esa guerrilla en la «reparación material concreta» a sus víctimas, explicó hoy el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.
El funcionario aseguró en una rueda de prensa en Bogotá que las FARC se han comprometido «claramente» con las víctimas, lo que tiene una serie de elementos como «rehabilitación, satisfacción, restitución e indemnización».
«Hay un compromiso claro de las FARC de contribuir a esa reparación», destacó Jaramillo, quien agregó que más adelante se definirá cómo se hará la retribución.
Según diferentes fuentes, las FARC han acumulado una enorme fortuna producto de actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión o el narcotráfico, y aún está por acordar cómo es capital puede servir para reparar a las víctimas.
Al explicar los detalles del acuerdo sobre víctimas anunciado ayer en La Habana, que incluye la justicia transicional, Jaramillo señaló que ese punto fue «el más difícil» de negociar con las FARC en los diálogos de paz que se iniciaron hace más de tres años.
Previamente las partes habían llegado a acuerdos sobre tierras y desarrollo rural, participación política y drogas y cultivos ilícitos.
El funcionario detalló que todos los acuerdos han sido muy difíciles, pero en este caso de víctimas se estaba acometiendo una «tarea casi imposible» que implica enfrentar los crímenes cometidos en más de medio siglo de conflicto.
La complicación se multiplicó por el hecho de tener al otro lado de la mesa de negociaciones a comandantes guerrilleros que tienen algún tipo de implicación en esos delitos.
Jaramillo destacó como parte de este acuerdo la creación de un sistema integral de justicia y reparación de las víctimas que no incluye «crímenes internacionales que no son amnistiables».
«Es la primera vez en la historia que esto ocurre en un proceso de paz; la primera vez que en una mesa de negociación un sistema coherente con todas las piezas e instrumentos», destacó el alto comisionado para la Paz.
Como parte de ese convenio está el mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más espinosos de los diálogos.
El sistema integral de justicia estará integrado por cinco mecanismos, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Los negociadores del Gobierno y de las FARC también establecieron que cuando termine el conflicto armado se podrá otorgar la amnistía más amplia posible, pero no podrán beneficiarse de esta medida ni habrá indultos para quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra o violaciones a los derechos humanos.
En este sentido, Jaramillo dijo hoy que una «pregunta crucial» sobre la aplicación del acuerdo es la elección de los magistrados del Tribunal Especial para la Paz que manejará todos los procesos relacionados con el conflicto armado.
El funcionario señaló que se ceñirán a «criterios de idoneidad» y que generen «confianza en los colombianos».
Sin embargo, explicó que todavía no han acordado el método que se seguirá para seleccionar a los magistrados, si bien no serán elegidos por el Gobierno ni por las FARC.
Por ello, acudirán a un «tercero reputado» que sea «creíble y que elija a los magistrados», agregó Jaramillo sin dar más detalles.
«Somos conscientes de que es un punto crucial del que depende la legitimidad y el apoyo al tribunal, tal vez por eso no fue posible llegar a un acuerdo en la materia pero esperamos llegar en el año entrante», subrayó.
Preguntado acerca del perdón que podría concederse a algunos miembros de las FARC, Jaramillo comentó que eso «tiene que ver con una ley de amnistías» y lo que hace el acuerdo es «sentar los parámetros».
Asimismo, dijo que «lo que tenga relación con la rebelión podía ser objeto de amnistía o indulto», si bien aclaró «que los delitos comunes tampoco son amnistiables».
«Lo que tenemos que tener es un debate democrático de dónde trazar la raya frente a ese universo de crímenes que no son los más graves», concluyó.