Bogotá, 9 sep (EFE).- La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) estudia convocar a una reunión para analizar la crisis en la frontera colombo-venezolana, que ya casi completa las tres semanas, anunció hoy la Defensoría del Pueblo de Colombia.
«Se están acordando las agendas y estamos pendientes de la convocatoria que hará el presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman de cara al proceso humanitario y se ponga en evidencia la problemática que se está viviendo en la frontera», dijo el defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora.
Según datos divulgados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 1.467 colombianos han sido expulsados de Venezuela y 18.619 han abandonado voluntariamente ese país ante el temor de correr la misma suerte.
Otálora explicó en una rueda de prensa que «están haciendo las gestiones para que la comunidad de Defensorías del Pueblo de toda Iberoamérica se reúna» para que «simple y llanamente dé unas recomendaciones desde el punto de vista humanitario».
También respondió a su homólogo venezolano, Tarek William Saab, quien dijo ayer en Ginebra (Suiza) que Colombia sabotea los intentos de diálogo para dar solución al cierre de los principales pasos fronterizos, ordenado por el presidente Nicolás Maduro, con el argumento de luchar contra el contrabando y supuestos paramilitares.
«La Defensoría del Pueblo no está para defender Gobiernos, está para defender Derechos Humanos y eso es lo que le he planteado a nuestro homólogo de Venezuela. Nosotros deberíamos estar trabajando en el tema humanitario en la frontera», manifestó Otálora.
En este sentido reiteró su invitación a reunirse con su colega venezolano para coordinar los trabajos humanitarios necesarios en paralelo a las conversaciones diplomáticas.
«Son los jefes de Estados los que tienen que buscar una salida» a la crisis, argumentó Otálora, quien aseguró que enviaron «un borrador de protocolo de entendimiento entre Venezuela y Colombia para que las dos Defensorías puedan trabajar de manera conjunta en todo ese proceso de deportación».
Por otro lado, Otálora dijo esperar que las medidas cautelares que demandaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington entren en funcionamiento «lo más pronto posible de cara a respetar los derechos humanos de los colombianos en la frontera».