Bogotá, 23 jul (EFE).- La fuga del confeso violador de menores Bayron Palacio Fernández que a pesar de tener cinco condenas recibió prisión domiciliaria en Barranquilla, en el norte de Colombia, ha causado polémica en el país en donde diversas autoridades cuestionaron hoy la decisión de la jueza que le otorgó ese beneficio.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó la fuga de Palacio, tras hacer una visita al domicilio en donde debía cumplir la condena y no encontró al detenido, mientras que las autoridades investigan si durante el tiempo en que gozó de ese privilegio cometió otra violación de un menor.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), organismo responsable de la protección de la infancia, Cristina Plazas, manifestó hoy en su cuenta de Twitter que en este caso «hay una falla terrible de la justicia» porque se trata de un individuo altamente peligroso para la sociedad y especialmente para los niños.
El pasado 2 de marzo la jueza de ejecución de penas y medidas de Sincelejo (norte), Lía Escudero Barboza, autorizó la casa por cárcel a Palacio, conocido como «el monstruo de La Sierrita», nombre de uno de los barrios de Barranquilla en donde ha cometido sus crímenes.
Palacio fue diagnosticado con tuberculosis multirresistente a fármacos, según un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, argumento en el cual se basó la jueza para darle el beneficio de prisión domiciliaria.
«Es procedente conceder la sustitución de la ejecución de la pena en su residencia, en el barrio Cordialidad, donde podrá gozar de la atención y el cuidado familiar que requiere», dispuso el fallo de la jueza.
Plazas rechazó además los beneficios que se conceden a los violadores de niños, lo que propició la fuga de Palacio, y cuestionó a las autoridades «¿por qué no lo enviaron a un hospital?» si estaba enfermo.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió hoy de una nueva denuncia instaurada el pasado 23 de junio contra Palacio por acceso carnal abusivo contra un menor de 14 años mientras el violador estaba en detención domiciliaria.
La institución pidió investigar por qué no se reconsideró el beneficio otorgado al confeso violador por este antecedente, y solicitó a las autoridades aclarar su fuga.
Igualmente recomendó que se dispongan los planes necesarios para la recaptura de Palacio «en el menor tiempo posible, así como explicar las razones por las cuales el personal encargado de su custodia permitió la supuesta fuga».
La Defensoría recordó que las condenas contra Palacio, dictadas en 1995, 1998, 2002 y dos en 2010 por distintos jueces penales de las ciudades de Cúcuta y Barranquilla, equivalen a una sentencia superior a los 58 años de prisión.
El organismo defensor consideró por ello que Palacio «constituye un peligro para la sociedad y particularmente para los niños y adolescentes».