Bogotá, 23 jul (EFE).- La Policía de Colombia detuvo hoy cerca de la frontera con Venezuela al confeso violador de menores Bayron Palacio Fernández, quien se fugó tras recibir el beneficio de prisión domiciliaria pese a tener cinco condenas, un caso que ha causado polémica en el país.
La institución informó que Palacio, conocido como «el monstruo de la Sierrita», nombre de uno de los barrios de la ciudad caribeña de Barranquilla en donde ha cometido sus crímenes, fue interceptado en el municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira (norte), cuando pretendía cruzar la frontera hacia Venezuela.
«Acabamos de capturar al ‘Monstruo de la Sierrita’. Al parecer, pretendía huir del país», escribió en su Twitter el director de la Policía, general Rodolfo Palomino.
Su detención se produce horas después de que la polémica por las circunstancias de su fuga estallara en Colombia, donde diversas autoridades han criticado la decisión de la jueza de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria pese a su expediente.
La fuga de Palacio fue descubierta por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) al no encontrarle cuando visitaron el domicilio en Barranquilla (norte) en el que debía cumplir la condena.
Posteriormente, la institución informó de que el reo carecía de brazalete electrónico para ser localizado.
Ante la indignación nacional, las autoridades se lanzaron en su búsqueda entre informaciones que apuntan a que durante el tiempo que pasó en prisión domiciliaria violó a otro menor.
El pasado 2 de marzo la jueza de ejecución de penas y medidas de Sincelejo (norte), Lía Escudero Barboza, autorizó la casa por cárcel a Palacio.
El pederasta fue diagnosticado con tuberculosis multirresistente a fármacos, según un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, argumento en el cual se basó la jueza para darle el beneficio de prisión domiciliaria.
Según recordó la Defensoría del Pueblo de Colombia, las condenas contra Palacio, dictadas en 1995, 1998, 2002 y dos en 2010 por distintos jueces penales de las ciudades de Cúcuta y Barranquilla, equivalen a una sentencia superior a los 58 años de prisión.