Bogotá, 27 jul (EFE).- El Gobierno colombiano anunció hoy la incorporación de tres expertos juristas, uno de ellos estadounidense, como asesores en materia de justicia en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC que se llevan a cabo en Cuba.
El equipo de asesores que ayudará en el tema de la justicia, uno de los más espinosos de los diálogos, lo integran los juristas colombianos Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, así como el estadounidense Doug Casssel, informó la Presidencia colombiana en un comunicado.
La incorporación de los tres a partir de hoy a la mesa de diálogos tiene «el propósito de agilizar la construcción de acuerdos, tal y como se anunció el 12 de julio», señala el comunicado, que hace referencia a un plan presentado ese día por el Gobierno y las FARC en La Habana para reducir la intensidad del conflicto y agilizar el proceso de paz.
Cepeda fue presidente de la Corte Constitucional y principal asesor jurídico del Gobierno en la redacción de la Constitución de 1991, que rige actualmente el país, recordó la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.
Henao, por su parte, también fue presidente de la Corte Constitucional y en la actualidad es el rector de la Universidad Externado de Colombia, una de las más prestigiosas escuelas de leyes del país.
Cassel es profesor de la Universidad de Notre Dame (Indiana, EE.UU.) y experto internacional en materia de derechos humanos, agregó la información.
«Este grupo sesionará en paralelo a la discusión del punto de víctimas en la mesa de conversaciones y a la subcomisión técnica del fin del conflicto», explicó el comunicado.
Los diálogos del Gobierno y las FARC, que en noviembre próximo cumplirán tres años, están en los dos puntos finales de la agenda de negociación, referentes a víctimas y al fin del conflicto propiamente dicho.
El apartado de víctimas, que incluye los elementos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, es quizás el punto más delicado de los diálogos por la negativa de los negociadores de las FARC a aceptar la posibilidad de pagar cárcel por los delitos cometidos en medio siglo de conflicto armado.
El Gobierno y la sociedad colombiana insisten en que no puede haber paz con impunidad y que la época de las amnistías generales es cosa del pasado.
Para el caso específico del proceso de paz, el Gobierno diseñó el mecanismo de justicia transicional, un marco legal que permite procesar a responsables de delitos durante el conflicto armado sin caer en la impunidad que, sin embargo no aún no ha sido aceptado por las FARC, que consideran esta herramienta una decisión unilateral.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha reconocido varias veces que no es fácil conciliar paz con justicia y ha subrayado el papel de protagonistas que las 6,5 millones de víctimas del conflicto armado tienen en este proceso.
Según Santos, con la aplicación de la justicia transicional se busca garantizar los derechos de las víctimas y, al mismo tiempo, alcanzar «el máximo de justicia que nos permita la paz».
El otro punto pendiente de los diálogos es el de fin del conflicto, que debe incluir en su fase final un cese el fuego bilateral y definitivo, así como la dejación de armas por parte de las FARC y la reincorporación de sus miembros a la vida civil.
Las partes han alcanzado en los 32 meses de negociaciones acuerdos en tres de los cinco puntos de la agenda: tierras y desarrollo rural, participación política, narcotráfico y cultivos ilícitos.