Caracas, 8 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela oficializó hoy la declaración del estado de excepción en varios municipios del estado Zulia, fronterizo con Colombia, una medida que junto al cierre del paso limítrofe de Paraguachón, pretende combatir el contrabando y el crimen organizado.
Se decretó «el estado de excepción en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara, Almirante Padilla del estado Zulia, dadas las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social», señaló el decreto presidencial publicado hoy en Gaceta Oficial.
El texto oficial indicó que la decisión fue tomada considerando que en estos municipios «se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de la República».
Una medida de iguales características fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 21 de agosto para la zona fronteriza del estado Táchira, luego de que tres militares y un civil resultaran heridos, según las autoridades, en un enfrentamiento con bandas de contrabandistas.
Las irregularidades detectadas por el Gobierno en Táchira son de iguales características a las del estado Zulia «haciendo necesario que se tomen las misma medidas de igual magnitud a los fines de restituir el orden público en dichas poblaciones», explica el texto.
Con este decreto quedan «restringidas» una serie de garantías establecidas en la constitución venezolana en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 por un periodo de 60 días prorrogables a 60 días más.
La norma establece que las autoridades venezolanas «ejecutarán registros» para investigar «graves ilícitos administrativos» contra «las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio», así como delitos relacionados con la «Seguridad de la Nación», el «orden socioeconómico», la identidad y el «orden migratorio».
Bajo este marco legal también se señalan restricciones al tránsito de mercancías y bienes, por lo que las autoridades podrán revisar equipajes y vehículos.
Todo lo anterior podrá realizarse «sin la necesidad de una orden judicial previa», aunque se aclara que en todo el procedimiento se respetará «de forma absoluta» la dignidad de las personas.
Para entrar en vigor, el decreto necesita todavía de la aprobación tanto de la unicameral Asamblea Nacional como del Tribunal Supremo de Justicia.