Por Ignacio PERALES, para SudAméricaHoy (SAH)

Ecuador afiló esta semana el bisturí y lo hundió a fondo en la legislación penal. La Asamblea Legislativa -en pleno- dio luz verde a un proyecto de Código Integral Penal que tipifica como nuevos, delitos viejos. Ejemplos: el asesinato de mujeres por su condición de género, el pánico financiero, el sicariato, el tráfico de emigrantes y la trata de personas.

El Gobierno dispone ahora de 30 días para analizar los cambios, ratificarlos, introducir modificaciones parciales,-o a la totalidad del proyecto-, antes de su promulgación.
El objetivo de la futura ley -una vez que se publique en el boletín del Estado- es adecuarse a los tiempos modernos y garantizar  la vida y la seguridad de la población mediante normas que resulten eficaces y eviten, como sucede hasta ahora, que los autores de estos delitos actúen impunemente.
La Asamblea dio un paso más al incluir nuevos delitos como el homicidio culposo por mala práctica profesional, la tortura, la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la retención ilegal de aportes a la seguridad social y el enriquecimiento privado no justificado.
Ecuador mantiene un sistema penal que data de 1938. Hasta la fecha ha sufrido no menos de 46 reformas, las cuales -a juicio de los legisladores- «lejos de mejorar el esquema jurídico penal, han generado dispersión normativa, confusión e imprecisión al momento de aplicar dicho código».
Esta reforma permitirá perseguir y sancionar nuevas modalidades delictivas.
Entre otras, las relacionadas con la delincuencia organizada, como el sicariato y la trata de personas.
«La tipificación del terrorismo y la delincuencia organizada fue actualizada y adecuada a las formas que han desarrollado las organizaciones criminales y los compromisos internacionales adquiridos por el país», observan -informa Efe- fuentes del Legislativo.
El Código, por fin, tipifica el delito de feminicidio (asesinato de mujeres por el hecho de serlo, como una forma extrema de agresión machista), como una herramienta de avance para luchar contra la violencia e impunidad que sufren la población femenina.
También pretende hacer visible un problema, «social oculto, desatendido y extremadamente grave, cuya dimensión aún no es comprendida en su magnitud real por la sociedad en su conjunto».
Según los legisladores ecuatorianos, la violencia intrafamiliar se aborda en el nuevo texto desde la responsabilidad y obligación que tiene el Estado en la investigación, sanción, protección y reparación de las víctimas.
El propósito es extremar los esfuerzos por combatir ese grave problema social y elevar su nivel de protección jurídica.
El texto, que contiene 730 artículos, busca hacer efectivo el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas y promover la rehabilitación social y la reparación integral de las víctimas.