Quito, 29 sep (EFE).- El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, ha anunciado la desclasificación de documentos en las investigaciones sobre la revuelta policial de 2010, una sublevación de la que mañana se cumplen cinco años y que el Gobierno considera un intento de golpe de Estado contra el presidente, Rafael Correa.
El 30 de septiembre de 2010 se produjo una protesta de policías que derivó en un alzamiento de proporciones en el que Correa, que fue agredido, se refugió en un hospital de la Policía, donde estuvo retenido más de nueve horas.
El mandatario, que había acudido al lugar de la protesta para hablar con los agentes sobre sus inquietudes salariales, fue rescatado en una operación militar en medio de un intenso tiroteo.
Correa considera que en esa jornada hubo un intento de golpe de Estado en su contra, instigado por grupos de oposición y «malos oficiales» de la Policía.
«La desclasificación de la información por parte del Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) permitirá descubrir quién disparó contra los dos militares y dos policías fallecidos el 30 de septiembre del 2010», aseguró Chiriboga esta semana al apuntar que el próximo 12 de octubre se reunirá con los integrantes del Cosepe por este asunto.
«El Presidente de la República ya dispuso la desclasificación de documentos que son claves para saber quiénes estuvieron en los diferentes lugares donde sucedieron esas muertes», dijo Chiriboga, según señaló la Fiscalía en su portal.
Las muertes de los policías Froilán Jiménez y Edwin Calderón y de los militares Jacinto Cortez y Darwin Panchi están entre los casos que se mantienen en investigación.
Según Chirigoga, sobre los casos por las muertes de Panchi y Cortez ya cuentan con la evidencia necesaria.
«Ellos fueron enterrados sin siquiera una autopsia. Tuvimos que hacer una acción urgente (exhumar los cadáveres y extraer los proyectiles que causaron las muertes) para reactivar esos procesos», reveló al apuntar que para ello se solicitó asistencia a la Fiscalía de Colombia, para el reconocimiento de evidencias balísticas.
La Fiscalía espera que se levante la reserva por parte del Cosepe para identificar a qué arma pertenecieron las balas y quién era el portador.
El ministerio público también ha impulsado el caso llamado Radio Patrulla, que investiga a servidores policiales que supuestamente incitaron a sus compañeros a adherirse a la sublevación.
Mandaron por la frecuencia de radio patrulla mensajes a escala nacional, «lo que generó caos, violencia y el intento de magnicidio», señala la Fiscalía en su web.
Agrega que en esa causa, trece funcionarios de la Central Metropolitana de Atención Ciudadana fueron juzgados y sentenciados por el delito de incitación a la rebelión. Ahora se espera la decisión al recurso de apelación presentado por los procesados.
Mencionó que en estos casi cinco años, la Fiscalía ha tramitado 74 casos a nivel nacional, de los cuales 41 se encuentran activos.
Además, que «251 personas han sido sentenciadas por delitos como: asesinato, atentado contra la seguridad del Estado, incitación a la rebelión, insubordinación, plagio, tentativa de magnicidio, sedición, entre otros», indicó la Fiscalía.
Asimismo, la institución reabrió procesos cerrados y se iniciaron nuevas investigaciones de hechos que se encontraban impunes.