Por Federico PONCE , para SudAméricaHoy

El próximo ejercicio de votación se llevará a cabo el próximo 1o de agosto como resultado de una reforma reciente a la Constitución, con la realización de una consulta popular amorfa, como así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al INE. 

El primer intento para realizar este ejercicio fue una votación ciudadana fallida, ejercicio que no alcanzó el número de firmas necesarias; el presidente entonces envió la solicitud al legislativo y la Cámara de Diputados aprobó la realización de la misma.
Esta consulta fue propuesta por el presidente de la República con el fin de que la ciudadanía decida si se somete o no a juicio a los últimos cinco expresidentes.

Señalaba el presidente que el espíritu de esta consulta, “es que la ciudadanía tenga la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado, por los últimos cinco expresidentes para garantizar la justicia y los derechos de las víctimas” (La ciudadanía ya había expresado su desinterés por dicha consulta en el primer intento)
El INE impugnó ante La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la propuesta, impugnación que fue rechazada y ratificó la convocatoria para la consulta popular.
La SCJN aprobó la validez del Decreto por el que se expide la convocatoria de Consulta Popular. Sin embargo, al final modificaron la pregunta del presidente, omitiendo cualquier tipo de referencia a las palabras expresidentes y evitaron poner los nombres de estos y convocó a las y los ciudadanos de la República para que emitan su opinión sobre, “las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”; así como del Decreto que reformó su entrada en vigor; modificando al final la pregunta del presidente, omitiendo cualquier tipo de referencia a las palabras expresidentes, y evitaron poner los nombres de estos.

La pregunta quedó así : ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Por lo que las opciones son dos: Sí o No.
En este ejercicio habrá que considerar la posible participación de votantes sobre un tema político, con un endeble andamiaje jurídico y de nula naturaleza electoral, un voto distorsionado que, en caso de darse con un porcentaje de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, sería vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo y las autoridades competentes de acuerdo con lo que establece la Constitución.
En las recientes elecciones, las más grandes de nuestro país, 93 millones de personas estaban registrados en el padrón electoral. El INE confirmó que el porcentaje de participación fue de entre el 51.7 y 52.5 por ciento. Es decir, en términos prácticos, la mitad de la población votante, 44 millones de votantes aproximadamente. 
En el caso de la próxima Consulta, tan ambigua como su propósito político, es de estimarse que tendrán que votar más de 37 millones de personas. Esta consulta popular costará más de 500 millones de pesos.
La Constitución y las leyes que de ella emanen deben ser cumplidos cabal y puntualmente por el presidente. No se hace necesaria ninguna consulta para cumplir la obligación establecida en el Orden Jurídico de la Republica. La consulta es innecesaria, ociosa y costosa y devendrá en una manipulación política vulgar.