Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que actúe bajo el predominio de la ley, es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de este. Kofi Anann

Las últimas semanas la actividad política de la actual Administración ha tenido una gobernanza intensa y errática, que ha puesto sobre la mesa del análisis constitucional, temas que inquietan las aguas de la política interior, con repercusiones en la exterior.

La comparecencia del ejecutivo federal en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que presentó el “Plan de Fraternidad y de Bienestar”. La diplomacia se hizo presente y dicho plan que no correspondía a las funciones del Consejo, fue atendido.

El menguado presupuesto para el INE, que hace de imposible realización el procedimiento de “Revocación de Mandato” (¿será una apuesta o se sabe que no se recabarán las firmas necesarias como requisito previo para iniciar dicho procedimiento?).

En la reunión tripartita con EE.UU y Canadá en Washington D.C., ciudad capital del vecino del norte, se señaló insistentemente -antes del encuentro-, que el tema de la “Reforma Eléctrica” no estaba en la agenda y no se trataría; finalmente apareció a la par de que la discusión de la misma, se posponía hasta abril de 2022. Reforma que de llevarse a cabo requerirá la aprobación de las Cámaras de Diputados, Senadores y 17 congresos estatales. (Constituyente permanente)

Es de resaltar que ese mismo día, en que se llevó a cabo la reunión trilateral, el presidente Biden firmaba el “Proyecto de Ley Jaime Zapata y Víctor Ávila de protección de Oficiales y Empleados Federales”, unas horas antes del encuentro con el presidente de Mexico.
El nombre de este proyecto de Ley corresponde a dos agentes estadounidenses, atacados el 15 de febrero de 2011 en nuestro país por narcotraficantes.
Ley, de aprobarse, sería de aplicación extraterritorial, de franca violación a la soberanía de los países y a los principios de derecho internacional.

Sin duda lo que más ha agitado las aguas de la política interior es el “Decretazo” que se refiere a una materia en la que El Ejecutivo Federal ordena (sin facultades) a través de un “acuerdo” (sic) a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a ignorar el cumplimiento de leyes y reglamentos (con un rango jerárquico superior a este acto administrativo) provocando una opacidad flagrante a la gobernanza con la violación a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

El Decreto de marras no funda, ni motiva la razón para que, como ordena la Constitución: “La información solo pueda ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional» y ordena que en la definición de este derecho, debe prevalecer el principio de máxima publicidad.

La opacidad de un gobierno radica cuando la información que está obligado a proporcionar a los habitantes del Estado, es oscura, parcial, no existe, o es reservada indebidamente y por lo tanto no es oportuna y coherente con el momento político que atraviesa el país. De ahí que en el caso concreto el INAI prepare una controversia constitucional, lo que ha provocado una reacción virulenta en contra de este Órgano Autónomo, por parte del Ejecutivo Federal.

En lo que hace a la iniciativa para reformar y adicionar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área para crear la Comandancia del Ejército, más que un fortalecimiento del titular de Sedena, se trata de puntualizar las funciones públicas que ejerce como Secretario de Estado, Comandante y Titular del Alto mando del Ejercito y Fuerza Aérea, con lo que se pretende aligerar la carga abusiva de obligaciones que le encomienda el “Comandante Supremo”.