Asunción, 4 set (EFE).- Activistas y víctimas de detenciones o torturas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay acudieron hoy a la exmansión del militar que ya había sido devuelta al dominio público y pidieron frenar su demolición que se está llevando cabo desde el jueves para abrir un avenida.
Los activistas por los derechos humanos piden que la vivienda de los Stroessner, ubicada en el barrio de la Santísima Trinidad de la capital paraguaya, sea convertida en patrimonio público, afirmó a Efe Martín Almada, uno de los integrantes de la protesta llevada a cabo hoy frente a la mansión.
El edificio, que ya está siendo destechado, se encuentra dentro de un recinto que había sido cedido de forma irregular por la Municipalidad de Asunción a los Stroessner en 1974, pero que fue devuelta al dominio público el pasado mes.
Almada explicó que las víctimas buscan la recuperación del edificio para darle un «destino reparatorio».»Queremos que sea conservada como patrimonio y sea convertida en una universidad pública», acotó.
Almada fue el descubridor, en 1992, de los llamados «Archivos del Terror», más de 700.000 folios de documentos que demuestran el vínculo entre la dictadura de Stroessner, una de las más longevas de Latinoamérica, y el resto de dictaduras de la región, en un plan orquestado desde Estados Unidos.
El activista destacó la importancia de conservar los «espacios de memoria» de ese período y criticó la demolición a fines de julio de parte de una comisaría que funcionó como centro de tortura en Asunción.
La Comisaría Tercera, lugar de detención y tortura de presos en el mandato de Stroessner y todo un símbolo de la brutalidad de esa dictadura, estaba siendo demolida casi en secreto, según Almada.
«Estaban actuando a espaldas de las víctimas, y sin consultarnos pretendían borrar una parte de nuestra memoria», expresó también director de la fundación Celestina Pérez de Almada, bautizada en honor a su esposa fallecida en la dictadura.
El activista propone además que otras de las propiedades que los herederos del dictador mantienen en Asunción se reconviertan en residencias para estudiantes universitarios de bajos recursos, así como en refugios para los miles de damnificados por las inundaciones que cada año provoca la crecida del río Paraguay.
Pese a que en Paraguay nunca fue dictada una ley de amnistía, sólo 8 de los 448 presuntos responsables de crímenes, algunos de ellos considerados «de lesa humanidad», fueron procesados, todos entre 1999 y 2008, denuncia la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
La dictadura paraguaya, que fue la más larga del Cono Sur, dejó una secuela de 425 desaparecidos o ejecutados, detuvo a casi 20.000 personas que en su mayoría padecieron torturas, y forzó el exilio de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia.