Asunción, 10 sep (EFE).- Los acusados por la masacre de Curuguaty, que en 2012 acabó con la vida de once campesinos y seis policías y provocó la destitución del presidente Fernando Lugo, lamentan que llevan más de tres años alternando la prisión y el arresto domiciliario envueltos por «la injusticia y la mentira».
Así lo expresó hoy a Efe Lucía Agüero, una de las campesinas acusadas, que desde el pasado 27 de julio, cuando se inició el juicio por la matanza, guarda reclusión en un albergue post-penitenciario de Asunción.
«Sufrimos tres años de mentiras, sin el apoyo de nadie. Todo el juicio es injusto, nos acusan sin pruebas», afirmó Agüero, que se expresa en lengua guaraní, la lengua cooficial de Paraguay, predominante en áreas rurales.
Lucía Agüero perdió a su hermano, Delosantos Agüero, en la masacre, y resultó herida en el tiroteo cuando recibió el impacto de una bala que quedó alojada en su pierna.
La campesina estuvo en prisión hasta que en noviembre de 2012 un juez cambió esta medida por la del arresto domiciliario, después de una huelga de hambre que duró más de dos meses.
Como consecuencia de este ayuno prolongado, de los años de encierro y de la herida de la bala, Agüero se resiente ahora de diversos problemas de salud.
«Hace poco tiempo se me paralizó medio cuerpo, y se me llenó la piel de moretones. Ahora me estoy recuperando de la enfermedad, pero me paso llorando muchas noches, con miedo a que vuelva a ocurrirme», reveló.
Su cautiverio también ha dejado secuelas en su hija de casi once años, que tiene dificultades para hablar y para moverse, según Agüero.
«Mi hija necesita mucho de mí. No puede hablar, no come bien y si se queda conmigo no puede ir a la escuela. Necesita un tratamiento con especialistas, pero a mí aún no me han concedido el permiso para que la acompañe al médico», dijo.
Lamenta también que, desde que están en el albergue, tanto ella como el resto de acusados bajo arresto domiciliario sobreviven gracias a la ayuda de amigos y organizaciones que les prestan apoyo.
«Desde que estamos presos no recibimos un guaraní del Estado, y tampoco podemos salir a buscar trabajo. Nos ayuda mucho la solidaridad de los compatriotas, y también el apoyo internacional», dijo a Efe Néstor Castro, otro de los campesinos acusados.
Castro, que fue herido en el rostro durante la masacre, está acusado junto a su hermano Adalberto, que también está en el albergue, mientras que otro de sus hermanos falleció en la masacre.
En febrero de 2014, Néstor Castro salió de prisión y pasó a estar bajo arresto domiciliario, también después de pasar casi dos meses en huelga de hambre junto a su hermano y otros tres acusados.
Tanto Castro como Agüero fueron imputados por homicidio en grado de tentativa en relación con la muerte de los seis policías en la masacre de Curuguaty, mientras que no hay ningún acusado por la muerte de los once campesinos.
Además, ambos están imputados por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, pese a que ellos sostienen que las tierras de Marina Kué, donde se desencadenó la masacre, son tierras públicas.
Este terreno consta de unas 2.000 hectáreas de tierras en litigio desde hace una década entre el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
«Al Estado no le interesa resolver la propiedad de las tierras. Le interesaba amenazar a otros campesinos de lo que podía pasarles si ellos también ocupaban tierras. Querían criminalizar la lucha social, sobre todo la lucha por la tierra», afirmó Castro.
Junto a Castro y Agüero, otros nueve campesinos se encuentran acusados y bajo arresto domiciliario, mientras que otra acusada, menor de edad en el momento de los hechos, permanece en libertad condicional.
El único de los acusados que permanece encarcelado es Rubén Villalba, condenado a siete años de prisión por una causa de 2008.
Los acusados piden que el juicio en su contra, que se encuentra suspendido después de que los abogados defensores denunciaran penalmente al tribunal por presunta prevaricación, sea declarado nulo, y se abra «una verdadera investigación» sobre el caso.
La matanza de Curuguaty, que dejó 11 agricultores y 6 policías muertos, ocurrió durante un violento desalojo el 15 de junio de 2012, en unas tierras ocupadas por campesinos que querían que formaran parte de la reforma agraria.