Asunción, 9 ago (EFE).- Tres de los trece campesinos acusados de participar en la masacre de Curuguaty, en la que en 2012 murieron 17 personas en Paraguay y provocó la destitución del presidente Fernando Lugo, grabaron varios vídeos para pedir la nulidad del proceso judicial contra ellos, iniciado el pasado 27 de julio.
En los vídeos, difundidos en las redes sociales, Dolores López Peralta y los hermanos Néstor y Adalberto Castro, todos ellos acusados por la muerte de seis policías durante la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, se declaran inocentes y solicitan anular el juicio.
Néstor Castro, que fue herido de bala en el rostro durante el tiroteo y perdió a un hermano en la matanza, declara en guaraní en uno de los vídeos que en el proceso judicial contra los acusados «no se realizó ninguna investigación seria» de los hechos.
«Hay muchas irregularidades en este proceso. No se investigó la muerte de los once compañeros campesinos. Se esconden las pruebas o hay pruebas plantadas, de las que no somos responsables», afirma Castro.
Añade que el juicio «debe ser totalmente nulo para que pueda revisarse la cuestión de las tierras» donde tuvo lugar la masacre, que se disputan el Estado paraguayo y la empresa Campos Morombí, propiedad del fallecido empresario Blas Riquelme, directivo del Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Castro afirma que los campesinos ocuparon los terrenos de Marina Kué, escenario de la matanza, para «recuperar tierras mal habidas» durante la dictadura, y que durante este proceso de ocupación los labriegos padecieron «seis desalojos no tan violentos» y detenciones antes de la masacre.
Su hermano Adalberto Castro, por su parte, denuncia en otro vídeo que lleva tres años detenido «injustamente» al declararse «inocente».
«Lo que dicen de nosotros no es cierto. Nosotros no somos criminales. Solo pedimos un pedazo de tierra que no tenemos, porque somos campesinos y sobrevivimos gracias a la tierra», asegura.
En otro de los vídeos, Dolores López Peralta, también de las campesinas acusadas, recuerda que fue detenida tras la masacre, estando embarazada, y no pudo salir de prisión hasta ocho meses más tarde.
López, que permanece desde entonces bajo arresto domiciliario, reclama su «libertad», dado que se declara inocente, y pide poder trabajar para mantener a sus dos hijos pequeños.
El juicio contra doce de los trece campesinos acusados de participar en la masacre de Curuguaty se inició el pasado 27 de julio en Asunción.
El proceso se encuentra suspendido hasta que el tribunal de apelaciones resuelva una petición de recusación contra los jueces presentada por el defensor de once de los imputados.
Por la muerte de los policías hay trece campesinos imputados, mientras que nadie está siendo juzgado por la muerte de los once campesinos.