Asunción, 26 ago (EFE).- La defensa de once de los 13 campesinos paraguayos acusados por la masacre de Curuguaty, donde murieron seis policías y once labriegos en un enfrentamiento en 2012 y que provocó una semana después la destitución del presidente Fernando Lugo, pidió hoy la «nulidad absoluta» del juicio por falta de garantías.
El abogado de los labriegos, Víctor Azuaga, solicitó la suspensión del proceso, pues aseguró que el Poder Judicial no fundamentó la confirmación de los jueces encargados del caso, que habían sido recusados por la defensa.
Azuaga representa a once de los campesinos acusados, después de que este miércoles la acusada Lucía Agüero renunciara a su defensa y pidiera ser defendida por el abogado Pablo Darío Aguayo.
Para que el letrado pueda hacerse cargo del expediente de Agüero, el tribunal decidió conceder un plazo de una semana, por lo que el proceso se retomará el próximo miércoles.
Además de estos doce imputados, hay otra acusada, menor de edad en el momento de los hechos, que será juzgada en noviembre según el sistema penal para adolescentes.
«Hemos solicitado la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones porque no se ajusta a derecho», dijo a Efe Víctor Azuaga sobre la decisión del Poder Judicial de confirmar al tribunal.
«No entendemos el apresuramiento de la Justicia paraguaya sin tener las mínimas garantías para llevar adelante este juicio», declaró tras la audiencia celebrada hoy en el Palacio de Justicia de Asunción, donde acudieron dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, políticos paraguayos y enviados de otros países como observadores del proceso.
«Esperemos que en Paraguay se haga justicia, y si no lo llevaremos a instancias internacionales, eso seguro», agregó el abogado de los campesinos.
Azuaga también criticó al representante de la Fiscalía, Jalil Rachid, a quien calificó de «fiscal direccionado».
Por su parte, Rachid dijo a Efe que la defensa busca retrasar la realización del juicio.
«Hacen un show mediático, sostienen que no tenemos elementos, pero es en el juicio donde se demuestra y no están dejando que se desarrolle», declaró el fiscal.
En el proceso judicial por la masacre de Curuguaty hay trece campesinos acusados de la muerte de seis policías, ocurrida durante un violento desalojo en junio de 2012 de las tierras que unos labriegos habían ocupado para solicitar que formaran parte de la reforma agraria.
La matanza, cuyo comienzo nunca ha sido esclarecido, desembocó una semana después en un juicio político al primer presidente de Paraguay no perteneciente al Partido Colorado en su presente democracia, Fernando Lugo (2008-2012), que fue destituido por el Parlamento por mal desempeño de sus funciones, con la masacre como uno de los principales argumentos.
Mientras que los campesinos son acusados de invasión de inmueble ajeno, tentativa de homicidio y asociación criminal, la Fiscalía no ha investigado ni acusado a nadie por la muerte de los once agricultores en el tiroteo.
El terreno conocido como Marina Kué, donde se produjo la masacre, son unas 2.000 hectáreas de tierras en litigio desde hace una década entre el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
El terreno es llamado Marina Kue, que significa «Tierras de la Marina» en idioma guaraní, debido a que la empresa La Industrial Paraguaya S.A. donó la propiedad al Estado paraguayo durante la dictadura, y el territorio se usó durante décadas como cuartel de la Marina, según la defensa de los campesinos.
Pero el Gobierno paraguayo nunca la inscribió en el registro catastral del país, según sostiene la empresa Campos Morombí, propiedad de los Riquelme, que usufructúan las tierras desde hace unos cinco años.
Los vecinos del lugar, dedicados a la agricultura de subsistencia, se oponen a este uso por parte de la empresa y reclaman que el terreno, al ser estatal, se entregue a las familias carentes de tierras de la zona.
El juicio comenzó a finales del pasado julio, tres años después del suceso, tiempo en el que los acusados han estados presos en cárceles, han pasado por huelgas de hambre y ahora siguen detenidos en sus domicilios, a excepción de Rubén Villalba, uno de los imputados, quien permanece en prisión tras ser condenado por una causa de 2008.
«En Paraguay no hay garantías por muchas razones: por la corrupción y por temas políticos o económicos», expresó a Efe el sacerdote jesuita español, residente y reconocido activista en Paraguay, Francisco Oliva, presente en el juicio.
«En este caso es un tema político. Si declaran inocente a toda esta gente resulta que el golpe contra Lugo no tuvo argumento ninguno, y se debería hacer un juicio a los que hicieron el golpe», declaró Oliva en el Palacio de Justicia.