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Discurso de Gabriel Boric
Asunción, 20 jul (EFE).- El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, consideró hoy «llamativo» que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requiriera información al Estado paraguayo en relación con el juicio político que llevó a la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo en 2012.
El propio Loizaga trasladó la semana pasada al Congreso el requerimiento de la CIDH, que responde a una demanda que Lugo elevó al organismo internacional en diciembre de 2012, seis meses después de su destitución.
En este pedido, Lugo denunció que el juicio parlamentario que terminó con su Gobierno en junio de 2012 violó el derecho a un proceso justo y a la legítima defensa.
Loizaga expresó este lunes, en declaraciones a la radio Cardinal, que «llama poderosamente la atención que después de dos años» desde que Lugo presentara la demanda, la CIDH «haya corrido traslado a esa petición».
Argumentó que el pedido del expresidente paraguayo estuvo «cajoneado dos años y medio», y que su admisión a trámite en 2015 «conspira contra la seriedad de la CIDH».
Agregó que «por lo conversado en Brasilia», durante las reuniones de cancilleres de Mercosur en Brasil que mantuvo la pasada semana, «causa mucha sorpresa la actitud de la Comisión» con respecto al juicio a Lugo.
En junio de 2012, una masacre ocurrida en unas tierras en disputa entre una empresa sojera y campesinos de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, que dejó 11 labriegos y 6 policías muertos, impulsó el juicio parlamentario contra Fernando Lugo una semana más tarde.
Tras un juicio político que duró menos de 48 horas, Lugo fue destituido en un proceso considerado «una alteración del orden democrático» por el Mercosur, lo que valió la expulsión de Paraguay del bloque hasta su reincorporación en 2013 con la llegada al poder de Horacio Cartes.
En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el juicio político a Lugo fue «altamente cuestionable», por la manera expedita en que se hizo.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que posee el objetivo de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.