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Discurso de Gabriel Boric
Asunción, 28 ago (EFE).- Los chóferes de la línea 49 de autobuses, crucificados desde hace dos meses en rechazo al despido de 51 trabajadores, denunciaron hoy haber sido víctimas de la «violenta represión policial» que en la noche del miércoles dejó 30 heridos en un choque entre la Policía y sindicalistas.
Marco Antonio Leiva, uno de los chóferes que permanece con las manos clavadas a un madero en una carpa frente a la sede del Ministerio de Trabajo, en el centro de Asunción, dijo a Efe que «los cascos azules» (como se conoce en Paraguay a la Policía antidisturbios por su atuendo) «entraron a matar».
«Golpearon la carpa, le dieron patadas a mi cruz, tiraron nuestra tele por encima de mí y hasta golpearon con la porra a mi madre, que estaba sentada junto a mí», relató Leiva.
Uno de los golpes contra la cruz desgarró su mano y la desprendió del clavo que la sujetaba a la cruz de madera, causándole una profusa hemorragia, según explicó.
«Estamos acá crucificados, sin ningún tipo de defensa, y vienen y nos golpean sólo por estar pidiendo nuestros derechos», afirmó.
Pese a la represión, Leiva sostuvo que la protesta de los crucificados se mantendrá mientras no haya una respuesta a sus pedidos: la readmisión de 51 trabajadores de la compañía que fueron despedidos dos días después de comunicar que habían conformado un sindicato y el reconocimiento de este por parte del ministerio.
Junto a él, su compañero Rafael Martínez, también crucificado, expresó a Efe que «los policías golpearon porque buscaban terminar con la protesta» y hacer que los crucificados se levantaran.
Martínez lleva la rodilla derecha vendada debido a que recibió un impacto de uno de los balines de goma disparados por la Policía, que «agredió salvajemente» a los manifestantes, según dijo.
A la «represión física», se une la «persecución legal», dado que once de los manifestantes han sido imputados por la Fiscalía paraguaya por un presunto delito de «perturbación a la paz pública», denunció a Efe María Candia, secretaria de la Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte (Fepatrat).
«Los imputados son Juan Villalba, presidente de Fepatrat, y diez personas que estaban crucificadas en el momento de los hechos que se les imputan. ¿Cómo iban a entonces a perturbar la paz pública? Es absurdo», enfatizó.
Además, otros cuatro trabajadores permanecen desde el pasado martes en prisión preventiva en la penitenciaría de Tacumbú, la mayor del país, acusados de haber provocado un accidente de autobús, contó Candia.
Los hechos se produjeron frente a la parada de autobuses de la línea 49, en la ciudad de Limpio (Gran Asunción), cuando un grupo de trabajadores solicitaba un aporte económico voluntario a conductores de otras empresas de transporte para sufragar la comida de los crucificados y los analgésicos con los que les alivian los dolores.
Según Candia, un autobús realizó una maniobra brusca para esquivar a los conductores que pedían dinero, y como consecuencia se estrelló contra un árbol, rompiendo el retrovisor del vehículo.
El conductor del autobús siniestrado denunció los hechos, dando los datos de «nombres, apellidos y cédula» de los cuatro chóferes ahora detenidos, dos de los cuales «ni siquiera se encontraban en el lugar cuando se produjo el accidente», según Candia.
La representante de Fepatrat acusó al propietario de la línea 49 de autobuses, el diputado liberal Celso Maldonado, de estar detrás del encarcelamiento de sus compañeros.
Al menos 30 personas resultaron heridas en la noche del miércoles en un choque entre la Policía y personas que participaban en una marcha convocada por siete centrales sindicales paraguayas para denunciar la «criminalización de los sindicatos y luchas de trabajadores», y que culminó frente al Ministerio de Trabajo.
Un total de 18 personas cumplirán mañana 60 días clavadas a sus cruces, parte de las cuales se encuentran en la parada de la línea 49, y la otra parte bajo una carpa frente al ministerio.
A ellos se unen otros cuatro trabajadores que protestan con sus labios atravesados por gruesos clavos, lo que les impide hablar o ingerir alimentos sólidos.