Asunción, 22 jul (EFE).- La protesta de los chóferes «crucificados» del Gran Asunción se extendió hoy a las puertas del Ministerio de Trabajo de Paraguay, en la capital del país, donde cuatro trabajadores fueron clavados a un madero en demanda de sus derechos laborales.
Los cuatro nuevos crucificados, con los que ya suman 18 los trabajadores que han optado por esa acción extrema, llegaron de madrugada a la sede ministerial, donde sus compañeros les clavaron las manos a tablones puestos en cruz y los instalaban bajo una carpa en la que permanecerán hasta que se resuelva su situación.
Otros dos compañeros los secundaron en la protesta atravesándose los labios con un grueso clavo.
Con la protesta de hoy, el grupo de «crucificados» se divide entre los cuatro apostados frente al Ministerio y otros 14, entre ellos dos mujeres, que continúan desde hace 21 días frente a la empresa de autobuses La Limpeña, en la ciudad de Limpio, en el Gran Asunción.
Su exigencia es la admisión de 51 personas despedidas por la dirección de la empresa, que cubre la línea que conecta Limpio con Asunción y es propiedad del diputado Celso Maldonado.
Según alegan, la empresa, donde trabajan un centenar de conductores, los despidió por intentar crear un sindicato de chóferes.
«Queremos la reposición de los 51 compañeros despedidos de forma injustificada y que dejen de vulnerar nuestros derechos», dijo a Efe Juan Villalba, titular de la Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte (Fepatrat).
Uno de los despedidos es Esteban Álvarez, conductor de 28 años que hoy fue clavado frente al despacho de Trabajo y dijo a Efe que tomó esa determinación porque «no se aguantaba más la presión que había con la patronal».
«No podíamos ni dialogar con ellos, nos trataban como animales, tratamos de unirnos y por causa de eso nos despidieron a 10 primero, y luego a los restantes», señaló.
Los participantes en la protesta tildaron de «inhumanas» las condiciones laborales en la empresa, ya que aseguran que les obligan a cumplir de 16 a 18 horas diarias de trabajo, no se respetan sus vacaciones y tampoco el pago de aguinaldos y otras prestaciones sociales.
Piden por ello al Ministerio de Trabajo la intervención de la empresa.
Su dueño, Celso Maldonado, diputado por el opositor Partido Liberal, reconoció hoy en una entrevista a Radio Uno que despidió a 10 trabajadores, a los que dijo que no piensa readmitir, pero aseguró que el resto renunciaron por sí mismos.
Maldonado dijo además estar dispuesto a dialogar con los trabajadores «pero no con el sindicato», en referencia a la Fepatrat.
«A mí me preocupa su situación, ¿pero qué yo puedo hacer?», dijo el diputado, que lleva dos mandatos representando a Luque, una de las ciudades que forman el Gran Asunción.
Maldonado insistió en que los trabajadores solo quieren desprestigiar a la empresa y a su figura política, así como la de su hija, Belén Maldonado, que se presenta a concejal por la ciudad de Limpio, vecina a Luque, en las elecciones municipales de noviembre.
La protesta ha sido criticada por el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, quien hoy en una rueda de prensa la calificó de «chantaje social».