Asunción, 5 ago (EFE).- El diputado Ramón Romero, uno de los acusadores en el juicio político al contralor general, Óscar Rubén Velázquez, que se inició hoy en el Senado, dijo que el alto funcionario «deshonra al país», tras presentar las pruebas en su contra por mal desempeño de sus funciones.
El proceso a Velázquez, que está imputado por la Fiscalía por un presunto delito de estafa y cobro indebido de honorarios, se puso en marcha en el Senado tras dar el visto bueno a la petición de juicio político emitida días atrás por la Cámara de Diputados.
«Este ciudadano deshonra al país y sobre todo a la investidura, pues esta institución ha sido traicionada por la misma persona que tiene la responsabilidad de cuidarla», declaró Romero en un comunicado de la Cámara Baja.
Añadió que la función del juicio político no es «investigar o acusar la comisión de un delito, sino evaluar la condición ética para ocupar un cargo, el reproche moral».
El caso se inició después de que la prensa local publicara que la secretaria del contralor, Liz Paola Duarte, cobraba salarios por encima de su sueldo en concepto de horas extras no justificadas.
A continuación se revelaron otra serie de irregularidades similares con otros funcionarios de la Contraloría General, institución independiente encargada de verificar las finanzas estatales.
En este sentido, la diputada Olga Ferreira, que también ejerce la acusación ante el Senado, erigido como tribunal, denunció esas irregularidades y el presunto amparo a ellas del contralor.
«Demuestra un serio desprecio por el resguardo de los intereses públicos confiados en su persona. ¿Con qué autoridad moral, la Contraloría podría hacer intervenciones, auditorías, mientras el contralor regalaba a un grupo cerrado el dinero público?», cuestionó Ferreira.
Por su parte, el diputado Eusebio Alvarenga pidió al Senado que asuma su responsabilidad y que destituya a Velázquez en base al artículo 225 de la Constitución, que dice que «puede ser pasible de juicio político por mal desempeño en sus funciones».
En relación a ese escándalo de corrupción están imputados otros cargos de la Contraloría, entre ellos la subcontralora, Nancy Torreblanca, quien se someterá a juicio político en cuanto el Senado designe una fecha.
Tras la primera sesión, en la que se plantearon las acusaciones, el procedimiento contra el contralor se retomará el próximo martes para que la defensa presente sus pruebas.
Un día después está previsto que el Senado emita una sentencia.