Asunción, 20 ago (EFE).- La Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (Peicc) criticó hoy que la empresa paraguaya Campos Morombí pretenda donar unas tierras donde murieron 17 personas en una masacre en 2012, cuya titularidad está en litigio entre la compañía y el Estado paraguayo.
La Plataforma tildó esta propuesta de cesión de «maniobra» para «blanquear su invasión de una tierra que no le pertenece y evadir su responsabilidad».
La agrupación sostiene que Campos Morombí, empresa que pertenece a una familia aliada en el pasado con la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), no posee la titularidad sobre esas tierras, y por tanto no puede transferirlas.
El presidente de la Plataforma, el exsenador liberal Domingo Laíno, recordó a Efe que las tierras que se pretenden transferir ahora ya fueron donadas por la Industrial Paraguaya al Estado para la Marina, razón por la cual se conoce al lugar como Marina Kue.
La propuesta de convertir las tierras en una reserva fue presentada este martes en el Congreso por el diputado del gobernante Partido Colorado Bernardo Villalba, de la Comisión de Legislación y Codificación, que se reunió con el abogado Víctor Peña, representante legal del Grupo Riquelme, propietario de la empresa Campos Morombí.
«Es muy importante que Campos Morombí quede bajo el dominio del Estado paraguayo, porque es una zona de la biosfera en donde se tiene una intensidad e inmensidad de flora y de fauna, que debe ser protegida de manera urgente», afirmó Bernardo Villalba.
Laíno afirmó que esta extensión, de 1.748 hectáreas, «fue usurpada por la familia Riquelme, pero pertenece al Estado», por lo que «no se pueden donar al Estado unas tierras que ya son suyas».
El exsenador señaló además la «contradicción» de que Campos Morombí quiera crear una reserva ambiental en una tierra que hoy está arrendando a la empresa brasileña Panagro, dedicada al cultivo de maíz y soja transgénica, para el que «emplea agrotóxicos que contaminan el ambiente».
Recordó además que en el lugar vive un grupo de campesinos, muchos de los cuales son familiares de las víctimas de la masacre de 2012 que reocuparon los terrenos el pasado 27 de junio para pedir que las tierras sean declaradas de titularidad pública y les sean cedidas para que puedan vivir y trabajar en ellas.
La masacre de Curuguaty, en Marina Kue, el 15 de junio de 2012, provocó una semana más tarde la destitución en un juicio parlamentario del entonces presidente Fernando Lugo.
Unos 300 policías acudieron a desalojar a cerca de 70 campesinos que ocupaban las tierras y se produjo luego un tiroteo de origen desconocido que causó la muerte de once labriegos y seis policías, además de numerosos heridos.
El juicio contra doce de los trece campesinos acusados de participar en la masacre se inició el pasado 27 de julio en Asunción, pero se encuentra suspendido hasta que el tribunal de apelaciones resuelva una petición de recusación contra los jueces presentada por el defensor de once de los imputados.