Asunción, 4 sep (EFE).- El cura español Francisco Oliva, párroco de un barrio popular de Asunción, criticó hoy al diputado del Partido Liberal Celso Maldonado, propietario de una empresa de autobuses contra el que protestan 24 chóferes con sus manos clavadas a tablones de madera por ser despedidos tras crear un sindicato.
Oliva, jesuita afincado en el humilde Bañado Sur, recordó que las personas están crucificadas hace 64 días, 18 de ellas además están en huelga de hambre, frente a la sede del Ministerio de Trabajo y acusó al legislador de violar la Constitución por despedir a toda la comisión directiva que había creado un nuevo sindicato.
El párroco explicó que los chóferes de la Línea 49 crearon una formación sindical alternativa a una ya existente, que consideró «amarilla», después de que el hijo de uno de los trabajadores falleciera al no recibir el tratamiento adecuado en la Seguridad Social porque la empresa de Maldonado no había abonado las cuotas correspondientes.
Al día siguiente de crear el sindicato, diez personas que integraban la junta directiva y otros cuarenta empleados que se habían asociado fueron despedidos.
Al ver que las autoridades no intervenían en el conflicto, los chóferes y algunos de sus familiares decidieron tomar la medida extrema de crucificarse y desde hace una semana de permanecer en huelga de hambre para recuperar sus empleos.
«Por favor, Conferencia Episcopal, Ministerio del Trabajo, partidos políticos, sindicatos, cristianos de todas las Iglesias, jóvenes y adultos honestos del Paraguay, actuemos todos en lo que podamos para solucionar esta injusticia», escribió este viernes en un comunicado el «Pa’í» Oliva, como es conocido en Paraguay.
«Realmente no hemos avanzado en nada, el Ministerio de Trabajo no está haciendo su rol como debería porque ni siquiera nos dan el reconocimiento como sindicato, pedido hace más de dos meses», dijo a Efe María Candia, adscrita a la Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte (Fepatrat), que apoya la protesta.
«Además la patronal sigue aferrada en no reincorporar a los diez compañeros que integraban la comisión directiva, así que no vamos a ceder», añadió.
«Estos chóferes trabajaban diariamente hasta 18 horas por 120.000 guaraníes al día (unos 22 dólares)», manifestó también Oliva.
Además, el cura denunció que el diputado «obligó» a cada uno de los cerca de 100 chóferes de su empresa a recoger firmas para afiliar a gente a la candidatura de su hija como concejal por el Partido Liberal.
Así mismo manifestó que el empresario solo dispone de 5 camas para el descanso del centenar de conductores y que «no tenían vacaciones ni aguinaldo, ni contrato escrito y, al menos, en un caso se descubrió que no pagaban al Instituto de Previsión Social (IPS)».
Por su parte, Maldonado ha dicho estar dispuesto a dialogar con los trabajadores «pero no con el sindicato», en referencia a la Fepatrat.
«A mí me preocupa su situación, ¿pero qué yo puedo hacer?», dijo en declaraciones recientes el diputado, que lleva dos mandatos representando a Luque, una de las ciudades que forman el Gran Asunción.
Maldonado insistió en que los trabajadores solo quieren desprestigiar a la empresa y a su figura política, así como la de su hija, Belén Maldonado, que se presenta a concejal en las elecciones municipales de noviembre.
La protesta ha sido criticada por el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, quien la ha calificado de «chantaje social».