Asunción, 21 sep (EFE).- La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) rechazó hoy que las tierras donde en 2012 ocurrió una masacre que dejó 17 víctimas y provocó la destitución del presidente Fernando Lugo puedan declararse como reserva natural.
Codehupy se refirió así a un proyecto de ley aprobado el pasado 10 de septiembre por la Cámara de Diputados y que otorga la condición de «área silvestre protegida bajo dominio público, a perpetuidad, con la categoría de reserva científica de estricta protección» a las tierras del distrito de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú (este) que fueron escenario de la masacre.
Para la creación de la reserva, el Estado paraguayo aceptará la donación del terreno por parte de la empresa Campos Morombí, propiedad del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Sin embargo, la Codehupy advierte que aceptar esta donación es asumir «inapropiadamente» que las tierras son propiedad de Campos Morombí, pese a que «actualmente sigue en litigio judicial la disputa entre el Estado y dicha empresa respecto a la titularidad de la finca».
La Coordinadora, que engloba a 39 organizaciones de la sociedad civil, recuerda que el terreno fue donado al Estado en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya, y que desde entonces hasta 1999 fue utilizado por un destacamento de la Armada paraguaya, razón por la que los terrenos se conocen con el nombre de Marina Kue.
Los terrenos fueron declarados como de interés social y destinados para la reforma agraria en 2004 a través de un decreto del Poder Ejecutivo, refirió la Codehupy.
Agregó que estas tierras fueron además consideradas como tierras mal habidas, es decir, apropiadas ilegalmente durante la dictadura, según un informe de 2008 de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ).
Para la Codehupy, es un «absoluto contrasentido» que, mientras que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y la Procuraduría General de la República promueven acciones judiciales para que las tierras se declaren como propiedad del Estado, la Cámara de Diputados adopte una decisión que «convalida la apropiación de las tierras de Marina Kue por parte de Campos Morombí».
Por ello, solicitó a la Cámara de Senadores, que debe ahora encargarse del estudio del proyecto de ley sancionado en la Cámara Baja, que rechace la iniciativa.
La masacre de Curuguaty, en Marina Kue, el 15 de junio de 2012, provocó una semana más tarde la destitución en un juicio parlamentario del entonces presidente Fernando Lugo.
Unos 300 policías acudieron a desalojar a cerca de 70 campesinos que ocupaban las tierras, y se produjo luego un tiroteo de origen desconocido que causó la muerte de once labriegos y seis policías, además de numerosos heridos.
El juicio contra doce de los trece campesinos acusados de participar en la masacre se inició el pasado 27 de julio en Asunción, pero se encuentra suspendido debido a que los abogados defensores denunciaron penalmente al tribunal por presunta prevaricación.
Por su parte, el pasado 27 de junio, un grupo de campesinos sin tierras reocuparon la finca de Marina Kue y solicitaron que sea incorporada a la reforma agraria según lo dispuesto ya en 2004.