Asunción, 11 ago (EFE).- Los abogados defensores del contralor general de la República de Paraguay, Óscar Rubén Velázquez, envuelto en una presunta trama de corrupción, acusaron hoy a la subcontralora Nancy Torreblanca de todas las irregularidades detectadas en la institución encargada de comprobar las finanzas estatales.
La supuesta trama de corrupción en la Contraloría General de la República se destapó tras conocerse que la secretaria del contralor, Liz Paola Duarte, cobraba salarios por encima de su sueldo en concepto de horas extras no justificadas.
A continuación se revelaron otra serie de irregularidades similares con otros funcionarios de la institución.
«La responsabilidad de verificar el detalle de pagos era de la Subcontraloría. No es responsabilidad del contralor verificar horas ni días de asistencia de sus funcionarios», aseguró Claudio Balbuena, uno de los abogados de Velázquez, durante la segunda sesión del juicio político al contralor, según un comunicado del Senado.
El otro defensor, Horacio Galeano Perrone, advirtió además de que se produciría «un caos» en la Contraloría si Velázquez es destituido en el juicio político, ya que sería la subcontralora quien asumiría inmediatamente el cargo.
El proceso de juicio político contra la subcontralora Nancy Torreblanca, también vinculada a los presuntos hechos de corrupción, se iniciará la próxima semana, según afirmó hoy el presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, a través de un comunicado.
Los abogados de Velázquez argumentaron además que el contralor «nunca violó los principios constitucionales ni se extralimitó en sus funciones», y que las irregularidades detectadas en el pago de honorarios de algunos de sus funcionarios «son responsabilidad directa de los propios afectados».
En relación con Liz Paola Duarte, los abogados señalaron que «la secretaria del contralor fue contratada por un administrador anterior».
El juicio político contra el contralor por «mal desempeño de sus funciones» se reiniciará mañana a las 15 horas locales (19 GMT), con la admisión o rechazo de las pruebas ofrecidas y la presentación de alegatos, y está previsto que finalice dos horas más tarde, cuando el Senado, erigido como tribunal, dicte su sentencia.
Tanto el contralor como la subcontralora están siendo investigados además por la vía penal a través de la Fiscalía, donde ambos están imputados por estafa, cobro indebido de honorarios e inducción a un subordinado a cometer un hecho punible.