Asunción, 26 oct (EFE).- La Coordinadora de Abogados de Paraguay (Coapy) denunció hoy ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción al ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Jorge Gattini, por la presunta malversación de fondos públicos por cerca de 40.000 millones de guaraníes (unos 7 millones de dólares).
La Coapy denunció a Gattini por una presunta lesión de confianza, por irregularidades detectadas por la Contraloría en el manejo de recursos públicos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el ejercicio de 2013.
Por su parte, el titular del MAG desde que asumió la Presidencia el colorado Horacio Cartes en agosto de 2013 restó en una comparecencia credibilidad al informe porque fue concluido un año y medio después del ejercicio y al poco de la renuncia del contralor Óscar Ruben Velázquez, en medio de un escándalo de corrupción.
Gattini aseguró que la denuncia de la Coordinadora de Abogados del Paraguay «se está mezclando con administraciones anteriores a la suya».
«Se trata de una situación muy grave. Los campesinos se están manifestando continuamente porque no les llega la inversión pública, y entonces detectamos estos desmanes que son injustificables», explicó a Efe Kattya González, presidenta de la organización de abogados.
La denuncia se basa en un informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la rendición de Cuentas de la Ejecución de Ingresos y Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013 del Ministerio.
En el informe se detalla que la administración de Gattini transfirió recursos públicos «con mucha ligereza» por valor de más de 21.000 millones de guaraníes (unos 3,6 millones de dólares) «sin tener en cuenta las normativas legales en razón de las transferencias de recursos a entidades sin fines de lucro».
El documento destaca además que el ministerio utilizó recursos públicos por valor de 5.500 millones de guaraníes (cerca de un millón de dólares) para «pagos de viáticos, honorarios profesionales, publicidad, combustible, reparaciones y compra de equipos informáticos, mantenimiento y reparación de vehículos y mantenimiento de infraestructura de oficinas del Ministerio».
Estos pagos se realizaron «al sólo efecto de evitar la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado», que obliga a someter a licitación pública la concesión de determinados servicios, y se hizo, según el informe, recurriendo a «viejas prácticas administrativas».
En otro apartado, la Contraloría revela que el MAG desembolsó un importe de 7.000 millones de guaraníes (cerca de 1,2 millones de dólares) a través de una carta de entendimiento firmada con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y destinados al Programa Desarrollo de Apoyo a la Agricultura Familiar.
Sin embargo, la Contraloría objeta que esta transferencia no cumple con los requisitos mínimos legales, que exigen a los destinatarios presentar documentación sobre los proyectos productivos y los antecedentes de los beneficiarios de estos recursos.
Por último, el informe indica que el Ministerio también entregó ganado vacuno, aves, materiales y maquinarias, a los comités, asociaciones y cooperativas beneficiarios de proyectos productivos, por un valor de 6.000 millones de guaraníes (alrededor de un millón de dólares), pero «sin el detalle cuantificado y totalizado» de las cantidades entregadas.
Así, el monto total de recursos del MAG afectado por estas presuntas irregularidades sería de cerca de 40.000 millones de guaraníes (unos 7 millones de dólares).
La Coapy considera que estos datos «revelan un esquema perverso a través del cual se vulneran los mecanismos de control del gasto público y la rendición de cuentas», y exigió a la Fiscalía que inicie una investigación.