Asunción, 7 ago (EFE).- La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) anunció hoy que remitió a la ONU un informe denunciando que el Estado paraguayo sigue sin investigar el asesinato de un líder campesino por parte de fuerzas policiales y las torturas a otro, como dictaminó ese organismo en 2012.
Codehupy, integrada por 39 redes y organizaciones de la sociedad civil, recordó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida en el caso del asesinato de Eulalio Blanco y el derecho a no ser sometido a torturas en el de Ernesto Benítez, hechos ocurridos en 2003.
La coordinadora señaló que dicho comité también concluyó que el Estado paraguayo violó los derechos de los familiares de Blanco y los de Benítez al no realizar una investigación adecuada de ambos sucesos.
Blanco, dirigente de un grupo de productores de cedrón, fue asesinado por un agente policial durante una protesta contra el Gobierno en el departamento de San Pedro, en la que otros 16 participantes resultaron heridos por arma de fuego.
Benítez, que apoyó la protesta, fue herido con un proyectil de goma y después torturado en comisaria por militares y policías, según Codehupy.
La coordinadora, que representa a familiares de Blanco y a Benítez, aseguró que ambos casos quedaron impunes debido a la «mediocre investigación fiscal».
Codehupy expresó su preocupación por el incumplimiento de dos resoluciones de la ONU, que según ese grupo «en la práctica constituyen una condena al Estado paraguayo» y lamentó que este siga sin tomar medidas de reparación.
Los casos de Blanco y Benítez fueron presentados en 2008 al Comité de Derechos Humanos de la ONU por la Codehupy y por la Organización Mundial Contra la Tortura.