Asunción, 12 ene (EFE).- El diputado paraguayo del minoritario y conservador Partido Encuentro Nacional (PEN) Ricardo González dijo hoy en la Cámara que el juicio que se está llevando a cabo contra once civiles por la «masacre de Curuguaty», que dejó un saldo de 17 muertos, está «amañado» por la Fiscalía.
El juicio contra once campesinos, acusados por la Fiscalía de provocar el enfrentamiento con la Policía que se saldó el 15 en junio de 2012 con once labriegos y seis policías fallecidos y que impulsó la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, continuará mañana en Asunción con declaraciones de testigos.
González aseguró que el juicio «se encuentra amañado por los responsables de la investigación fiscal», quienes, según dijo, «buscan imponer la versión de los que forzaron la caída del gobierno del expresidente Fernando Lugo», según un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.
En junio de 2012, cerca de 300 policías acudieron a desalojar de forma violenta a los aproximadamente 70 campesinos que habían ocupado una finca conocida como «Marina Kue», tierras de la Marina, en idioma guaraní, para reclamar que formara parte de la reforma agraria.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo que acabó con la vida de once campesinos y seis policías, y la Fiscalía acusó de distintos cargos a 11 labriegos, familiares y amigos de los fallecidos, mientras que no hay ningún investigado en las filas de la Policía o entre los responsable políticos de entonces.
El legislador criticó que el fiscal del caso, Jalil Rachid, es el novio de la nieta de Blas Nicolás Riquelme, cuya familia pleitea desde hace años con el Estado para acaparar las tierras reclamadas por los campesinos.
«No sé si a esto se le llama prevaricato o desconocimiento de la Ley, pero este fiscal Rachid hizo todo lo que no tiene que hacer un agente. Es vergonzante su actuación, solamente trata de imponer una versión, la que se acomoda a quienes planearon el juicio político posteriormente y fueron parte de una conspiración para sacar del poder a Lugo», insistió González.
Según el legislador, la masacre fue en realidad «una trampa al gobierno del entonces presidente Fernando Lugo, de manera a crear las condiciones para que se desarrolle un juicio político».
«Hay gente que sigue testificando que todo fue grabado y que los disparos fueron desde arriba, desde un helicóptero totalmente artillado», dijo en contra posición al fiscal Rachid que asegura que fueron los campesinos con escopetas de caza los que dispararon contra la Policía.
«Lo sucedido fue parte de una conspiración para sacar del poder al entonces presidente Fernando Lugo y crear condiciones para el ascenso del actual titular del Ejecutivo (Horacio Cartes), agregó.
«Fue una maniobra que se tejió desde alguna esfera real fáctica, no necesariamente política», remarcó.
Lugo fue destituido en un juicio político que duró menos de 24 horas y que se produjo una semana después de la masacre, terminando con su gestión un año antes de lo previsto por la Constitución.
A Lugo le sucedió su vicepresidente, Federico Franco, perteneciente al Partido Liberal, que hasta el juicio político fue aliado de Gobierno del exobispo.
Al concluir su año de mandato, el multimillonario empresario Horacio Cartes ganó las elecciones con el Partido Colorado, que volvió así al poder tras sus únicos 5 años en la oposición en la actual democracia paraguaya.