Asunción, 30 nov (EFE).- El estatal Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de Paraguay advirtió hoy de que la ley que crea una reserva en las tierras donde en 2012 se produjo una masacre que provocó la muerte de 17 personas y el cese del presidente Fernando Lugo cuenta con «errores formales».
La ley, aprobada por ambas Cámaras del Parlamento paraguayo y sancionada este lunes automáticamente por el Ejecutivo, pretende crear una reserva natural en la finca 30, padrón 61 del distrito de Curuguaty (este) que, según el Indert, «no existe, debiendo ser Finca N° 30 del Distrito de Hernandarias».
«En consecuencia, la ley no sería eficaz para transferir el dominio del inmueble conocido como Marina Kue, por haber sido consignado erróneamente», señaló el Indert en un comunicado, en referencia a las tierras donde se produjo la masacre.
Para crear la reserva, la ley estipula que el Estado paraguayo acepte la donación de la tierra por parte de la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado en la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
El Indert sostuvo, sin embargo, que el Estado paraguayo ya «posee derechos en relación a las tierras de Marina Kue», debido a que esta finca fue donada por la empresa La Industrial Paraguaya al Estado en 1967, y fue empleada por el Estado hasta 1999.
Sin embargo, las tierras no fueron nunca transferidas a nombre del Estado paraguayo, debido a que Campos Morombí interpuso una demanda de usucapión contra La Industrial Paraguaya, aludiendo a una figura jurídica que permite hacerse poseedor de un bien mediante su uso continuado en el tiempo.
Campos Morombí obtuvo una respuesta judicial favorable en este recurso, pero el Estado paraguayo tramitó una demanda contra la empresa por la propiedad de las tierras, de manera que tampoco fueron inscritas a nombre de la compañía ni en los registros públicos ni en el catastro, explicó el Indert.
«El problema subyacente consiste en que si bien la ley pretende producir, por sí, la transferencia del dominio a favor del Estado paraguayo, solamente se podría lograr dicha situación a través de varios actos posteriores, judiciales y extrajudiciales», afirmó el ente estatal.
El Indert interpreta la sanción de la ley como «una suerte de conciliación de los pleitos judiciales entre el Estado y la firma Campos Morombí S.A., para que de esta manera el Estado Paraguayo pueda adquirir definitivamente el dominio» de la finca.
La ley, sancionada hoy de forma automática, es objetada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que promovieron contra ella una acción de inconstitucionalidad.
Las organizaciones argumentan que las tierras son del Estado paraguayo y fueron apropiadas de manera irregular por Campos Morombí.
Recuerdan además que el Estado paraguayo decretó en 2004 que las tierras fueran destinadas a la reforma agraria, mientras que esta ley busca impedir que se establezcan asentamientos campesinos en la futura reserva, según denuncian.
Actualmente las tierras permanecen ocupadas por varios grupos de campesinos, en su mayoría familiares de las víctimas de la masacre, que se instalaron en el lugar para reivindicar que las tierras les sean cedidas para poder trabajar.
El 15 de junio de 2012, más de 300 policías acudieron a desalojar de manera violenta a los cerca de 70 campesinos que habían ocupado las tierras para reivindicar que formaran parte de la reforma agraria.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo que ocasionó la muerte de 11 campesinos y 6 policías.
Una semana más tarde, el presidente paraguayo Fernando Lugo fue destituido en un polémico juicio político que provocó la suspensión de Paraguay de organismos internacionales como Mercosur.
El juicio a los campesinos acusados de la masacre, iniciado hace cuatro meses, ha sido suspendido casi una veintena de veces, después de que los defensores recusaran al tribunal por su presunta parcialidad en la causa.