Asunción, 21 sep (EFE).- El Estado paraguayo «no ha cumplido con sus obligaciones» en relación con la niña de 11 años que dio a luz en agosto como consecuencia de una violación, y que se encuentra en una situación de «abandono» por parte de las instituciones, denunció hoy a Efe Elizabeth Torales, abogada de la madre de la menor.
La niña, conocida con el nombre ficticio de Mainumby para preservar su privacidad, dio a luz el pasado 13 de agosto en Asunción, al concluir un embarazo como consecuencia de una violación presuntamente perpetrada por su padrastro, que se encuentra en prisión.
Torales explicó a Efe que tanto la niña de 11 años como su hija de apenas 40 días se encuentran «físicamente bien y sin complicaciones», pero la ayuda que están recibiendo por parte del Estado es «insuficiente y desorganizada».
Expuso que la niña necesita recibir medicación, como suplementos de hierro y de calcio, pero que las instituciones de salud «no le proveen recetas» para que pueda seguir su tratamiento durante al menos medio año.
Por otra parte, la menor no ha podido reincorporarse a sus clases y está recibiendo apoyo escolar en su casa, pero solo por tres horas a la semana, cuando la media de horas lectivas semanales en escuelas paraguayas es de veinte, según la abogada.
Recordó además que, si bien existía un compromiso estatal de construir una habitación más en casa de la menor para albergar a la recién nacida, las obras en la vivienda quedaron paralizadas.
Torales pidió además que la niña reciba atención psicológica «permanente y personalizada», teniendo en cuenta la temprana edad a la que ha dado a luz.
«La niña se comporta como una madre: da de mamar a la recién nacida y la cuida, pero por su edad necesita recibir un apoyo psicológico constante, porque aún no sabemos cómo va a asimilar el hecho de tener una hija», afirmó.
Tanto la niña de once años como su bebé se encuentran bajo la tutela de la madre de la menor, quien según Torales está «imposibilitada para trabajar» al tener que hacerse cargo de las dos niñas.
«La familia está sobreviviendo gracias a la red de solidaridad de personas que están haciendo donaciones de productos e incluso de medicamentos, y de los amigos y familiares de la madre», aseguró.
Según la abogada, «no tiene ninguna lógica» que la niña no haya tenido acceso a la interrupción de su embarazo, viéndose obligada a continuar con su gestación, y que después del parto no reciba por parte del Estado la asistencia que le habían prometido.
En el caso de la niña Mainumby, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Paraguay a que impusiera medidas cautelares para proteger la vida de la menor, dado que su embarazo, considerado de alto riesgo por su corta edad, «podría vulnerar su derecho a la vida y a su integridad personal, física y psicológica».
El Estado paraguayo rechazó la imposición de medidas cautelares y argumentó que ya habían sido adoptadas «todas las medidas para evitar la impunidad de este hecho ilícito (la violación de la menor) y garantizar la vida e integridad de la niña embarazada y el prenatal».
El aborto está penado en Paraguay con hasta cinco años de cárcel, y la única excepción contemplada en la legislación es cuando la madre corre riesgo de perder la vida y hay una recomendación médica.
El caso de Mainumby destapó la realidad de los abusos sexuales contra menores en Paraguay, país en el que un total de 421 niños y adolescentes fueron víctimas de este tipo de violencia entre enero y junio de 2015, según los últimos datos oficiales.
Además, en 2014, un total de 684 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz bebés vivos en el país, unos alumbramientos que en esa franja de edad se consideran fruto de abusos sexuales, y no de relaciones consentidas.