Asunción, 28 jul (EFE).- Los familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 11 campesinos y 6 policías y la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, temen que el tribunal que atiende la causa contra doce de los trece acusados de participar en la matanza dicte una «sentencia cantada».
Martina Paredes, hermana de dos de los labriegos fallecidos, manifestó a Efe su temor a que el resultado del proceso esté decidido de antemano y sea una condena para los acusados.
«Nos daba miedo que esta sentencia estuviera ya cantada, que ya se supiera de inicio lo que iba a pasar con los compañeros acusados, y el juicio no sirviera. Y mientras, no sabemos quién mató a nuestra gente, ni uno solo está procesado», dijo.
Paredes hizo estas declaraciones después de que el juez suspendiera hasta el próximo lunes el juicio contra doce de estos campesinos, iniciado ayer.
Todos ellos se reparten cargos que oscilan entre tentativa de homicidio, invasión de inmueble ajeno, coacción grave y asociación criminal.
La última de las acusadas, menor de edad en el momento de los hechos, será juzgada el próximo 2 de noviembre con arreglo al sistema penal adolescente.
El juez Ramón Trinidad Zelaya, presidente del tribunal a cargo de la causa contra los doce adultos, suspendió el proceso hasta el próximo lunes a pedido del nuevo defensor de once de los acusados, después de que estos renunciaran ayer a los abogados de su defensa.
El nuevo abogado pidió más tiempo para estudiar la causa, pero Zelaya argumentó que no se concedería un plazo mayor a tres días, dado que «la prensa y la gente quieren conocer ya la sentencia».
Paredes consideró «ridículo» que para el juez sea más importante «la prensa y la gente» que los afectados por la sentencia.
La campesina está apoyada por otros familiares de las víctimas y de los acusados que se han desplazado a Asunción desde el departamento de Canindeyú para seguir el proceso.
También les acompañan personalidades del mundo de la cultura en Paraguay, defensores de los derechos humanos y observadores internacionales que asisten al juicio.
«Queremos ser como ustedes, que también luchan por la justicia», expresó Paredes a Nora Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, que viajó a Paraguay para acompañar el proceso.
Después de cada sesión del juicio, los familiares y miembros de la sociedad civil se reúnen en las gradas de la plaza aledaña al Palacio de Justicia, en la que se ha instalado una pantalla gigante para que se pueda seguir el proceso también desde el exterior.
En estas reuniones intercambian sus impresiones sobre el avance del proceso, las declaraciones de jueces, abogados y fiscales, y las posibles acciones a adoptar.
Perla Álvarez, activista campesina, presentadora de televisión y miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, explicó a sus compañeros en esta reunión posterior al juicio que se debe «acompañar tanto el proceso judicial como la ocupación de las tierras de Marina Kue».
Se trata del lugar donde ocurrió la masacre, un terreno en disputa que fue reocupado por familias campesinas hace un mes.
«Pedimos que se investigue la muerte de los campesinos en Curuguaty, y las torturas que sufrieron muchos de nuestros compañeros. Y reclamamos la nulidad de este juicio», aseguró.
Opinó además que «el caso de Curuguaty marca una tendencia» a nivel regional que apunta a una «mayor opresión y represión de los campesinos».
Más de 300 policías acudieron a Curuguaty, departamento de Canindeyú (norte), el 15 de junio de 2012 a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras que reclamaban para la reforma agraria en ese distrito.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo, cuyo origen aún es desconocido y en el que perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar varios heridos.
No hay ni un solo imputado por la muerte de los once campesinos en la masacre.