Asunción, 17 sep (EFE).- El estatal Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra de Paraguay (Indert) anunció hoy que «tendrá que dar cumplimiento a la orden judicial de desalojo» dictada contra un grupo de campesinos que ocupan las tierras conocidas como Laterza Cue, en el departamento de Caaguazú (centro).
Las tierras están en disputa desde hace 50 años, aunque a fines de 2014 unas 500 hectáreas de tierra, conocidas como «Asentamiento María Nidia», fueron cedidas a los campesinos mediante un acuerdo entre el Indert, la empresa brasileña Bioenergy y los labriegos.
Otro grupo de campesinos ocupa ahora otras 2.500 hectáreas privadas de unas tierras que la empresa Bioenergy asume como suyas, a pesar de que el Indert reconoció que los labriegos son sus legítimos ocupantes.
El titular del Indert, Justo Cárdenas, advirtió hoy a través de un comunicado que si los campesinos no aceptan la reubicación en otras tierras propuesta por la institución, se les considerará «invasores de propiedades» y se procederá a su desalojo.
Cárdenas realizó estas declaraciones tras reunirse con el presidente del Congreso paraguayo, Mario Abdo Benítez, para analizar la situación del asentamiento.
Acusó además a los campesinos ocupantes de Laterza Cue de «asumir actitudes que rayan en la violencia», en referencia al incidente ocurrido en marzo de este año, que se saldó con cuatro policías y un campesino heridos.
No era el primer enfrentamiento que sucedía en el lugar, puesto que ya en octubre de 2013 la Policía desalojó de forma violenta a 180 familias campesinas en este mismo lugar, y Cárdenas advirtió entonces del peligro de que se produjera una masacre similar a la ocurrida en Curuguaty en junio de 2012.
El incidente de Curuguaty, que costó la vida a 11 campesinos y 6 policías durante un desalojo policial, provocó una crisis que llevó a la destitución del entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012) en un controvertido juicio político.
Paraguay es uno de los países del continente con el reparto de tierras más desigual, donde cerca de un 2,5 % de la población es dueña de casi el 90 % de la superficie cultivable, según la ONG Oxfam.