Asunción, 10 ago (EFE).- El Gobierno paraguayo sigue sin pronunciarse sobre la autoría del secuestro de un colono menonita en una de las zonas consideradas de «influencia» del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), después de que el domingo por la noche fuera puesto en libertad el otro de los dos secuestrados.
El menonita Abraham Fehr fue secuestrado el sábado junto a Silvano Pérez, quien hoy se reunió con su familia en el distrito norteño de Tacuatí tras varias horas caminando desde que fuera liberado por quienes le retenían.
En unas declaraciones a Radio Cardinal, el fiscal de la unidad antisecuestros, Joel Cazal, dijo tras haber interrogado a Pérez que este no aportó ninguna información por miedo a represalias y que será interrogado en cuanto se recupere del shock.
Cazal no añadió novedades en cuanto a la suerte de Fehr, integrante de una de las dos colonias menonitas ubicadas en el área, en el departamento de San Pedro.
Ambos estaban trabajando en una propiedad agrícola de una familia menonita cuando un grupo de hombres armados apareció en el lugar y, tras identificarse como miembros del EPP, se los llevó a la fuerza a una zona boscosa, de acuerdo la versión dada a los medios locales por testigos del hecho.
Las mismas fuentes añadieron que los presuntos guerrilleros pidieron el pago de 20.000 dólares para su liberación, y que esa cantidad fuera depositada en un lugar fijado en cuanto pasara media hora del secuestro.
Según esas fuentes, la suma se consiguió gracias a las donaciones de la comunidad menonita y fue dejada en el punto señalado más tarde del tiempo indicado, por lo que no fue recogido por los secuestradores.
Todas esas versiones no han sido confirmadas por el Gobierno, que tampoco ha asegurado que el secuestro haya sido obra del EPP.
Así, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, declaró a la emisora Radio Uno que no están en condiciones de asegurar que el EPP sea el autor y que podría haber algún otro grupo armado implicado.
Además de la ausencia de declaraciones oficiales, el mutismo sobre el caso ha sido impuesto a las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), el combinado de policías y militares encargado del combate contra el EPP.
Su portavoz, el mayor Jonás Ramírez, declaró hoy a los medios locales que tiene prohibido brindar información sobre el hecho por orden del fiscal Cazal.
Según manifestó Ramírez, cualquier anuncio o información oficial al respecto saldrá de Cazal o del fiscal general del Estado, Javier Diaz Verón.
La medida se extiende, además, a los policías y militares que integran las FTC y a los efectivos de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), el tercer componente de ese combinado formado para luchar contra la guerrilla.
En caso de que el EPP haya retenido a Fehr en busca de un rescate económico, sería el segundo de ese tipo que el grupo armado realiza desde el pasado año, cuando secuestró a Arlan Fick, quien cumplió 17 años durante sus nueve meses de cautiverio.
Su familia, empresarios agrícolas de origen brasileño asentados en el norte de Paraguay, reconoció haber pagado medio millón de dólares por la liberación del joven.
Los propietarios de estancias agropecuarias se han convertido en uno de los objetivos del EPP, el cual a finales de enero asesinó a una pareja de alemanes afincada en el departamento de Concepción, vecino al de San Pedro, donde explotaban una finca.
La pareja había sido previamente secuestrada, pero fue asesinada por sus captores para facilitar su fuga, después de haber sido sorprendidos por miembros de la FTC.
A primeros de agosto el EPP dio muerte a Silvio Barboza, administrador de una hacienda agrícola en el departamento de San Pedro, a quien disparó en la cabeza tras hacerle descender de la motocicleta que conducía por un camino rural.
El Gobierno paraguayo atribuye al EPP medio centenar de asesinatos y varios secuestros desde su fundación en 2008.