Asunción, 15 jul (EFE).- El opositor Frente Guasú (FG) calificó el juicio parlamentario al que fue sometido el expresidente de Paraguay Fernando Lugo en 2012 como «un linchamiento político», y consideró un avance el pedido de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno sobre el caso.
«Se dejaron de lado derechos humanos del expresidente Lugo al no darle el derecho a la defensa y porque las acusaciones tenían cero respaldo documental», dijo a Efe la senadora y portavoz parlamentaria del FG, Esperanza Martínez, sobre el pedido de información que la CIDH ha hecho al Congreso y al Ejecutivo.
En diciembre de 2012, seis meses después de su destitución, Lugo acudió a la CIDH para denunciar que el juicio parlamentario que terminó con su Gobierno violó el derecho a un proceso justo y a la legítima defensa.
Dos años y medio después, la Comisión aprecia «verosimilitud» en la denuncia y por eso ha requerido información al Estado paraguayo que tiene 3 meses para responder. En noviembre la Comisión anunciará si admite a trámite el proceso o no, explicó a Efe el asesor jurídico del expresidente Lugo, el abogado Emilio Camacho.
«Fue considerado un juicio exprés, un juicio que lesionó los derechos y que interrumpió un Gobierno de extraordinario valor simbólico para la sociedad paraguaya, el primer Gobierno alternativo a 60 años de Partido Colorado, con 35 años de dictadura», manifestó la senadora Martínez, quien fue ministra de Salud durante el mandato de Lugo.
«Pararon en seco una transición democrática, la primera alternancia de partido gracias al voto popular. Fue un linchamiento político más que un proceso democrático», añadió Martínez sobre el juicio llevado a cabo por el Parlamento el 22 de junio de 2012.
Según la senadora, la respuesta de la CIDH a la demanda de Lugo demuestra que «la comunidad internacional ya no está dispuesta a que existan este tipo de interrupciones del orden democrático y encima sin rendir cuentas».
«Esperamos además que esta reflexión alcance al juicio, por la masacre de Curuguaty, del próximo 27 de julio», dijo la legisladora sobre el proceso judicial al que están sometidos 13 campesinos desde que una semana antes de la destitución de Lugo ocurriera una matanza cerca de esa ciudad, que dejó 11 campesinos y 6 policías muertos.
Un suceso aún sin esclarecer por la Justicia, que se convirtió en el principal detonante del posterior juicio al presidente del país.
Tras un proceso que duró menos de 48 horas, el exobispo fue sustituido por su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, formación aliada con la que el Frente Guasú ganó las elecciones en 2008.
En agosto de 2013, el empresario Horacio Cartes asumía su actual mandato tras ganar las elecciones presidenciales con el Partido Colorado y mantiene «un acuerdo de gobernabilidad» con los liberales, conocido como «pacto azulgrana».
La destitución de Lugo, presidente de Paraguay entre 2008 y 2012, fue considerada «una alteración del orden democrático» por el Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
En su momento, la CIDH dijo que el juicio político a Lugo fue «altamente cuestionable» por la manera expedita en que se hizo.
«La Comisión ve verosimilitud pero de ninguna manera implica prejuzgamiento», dijo Camacho, el abogado de Lugo.
«Se violó el derecho a la defensa, a ser oído, le impidieron presentar pruebas instrumentales y dictaron una sentencia no fundada lo que implica la violación de los derechos constitucionales», agregó.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene como objetivo promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.