María Sanz
Asunción, 26 nov (EFE).- El juicio por la masacre de Curuguaty, que en 2012 provocó la muerte de 17 personas y la destitución del entonces presidente paraguayo, Fernando Lugo, cumple cuatro meses desde su inicio en julio, pero continúa encallado tras múltiples incidentes y pedidos de suspensión.
El juicio refiere a un violento desalojo que se produjo el 15 de junio de aquel año, cuando cerca de 300 policías acudieron a una finca del distrito de Curuguaty (este) que unos 70 campesinos habían ocupado para exigir que formara parte de la reforma agraria, en cumplimiento de un decreto firmado por el Gobierno en 2004.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías, y que dejó numerosos heridos.
La matanza desencadenó una semana más tarde la destitución de Lugo en un polémico juicio político que provocó después la suspensión temporal de Paraguay del Mercosur.
Los procesados son un grupo de campesinos acusados de cargos como invasión de inmueble ajeno, homicidio en grado de tentativa y asociación criminal.
Sin embargo la Fiscalía no ha imputado a nadie por la muerte de los once agricultores durante el tiroteo.
Así las cosas, el esperado proceso para arrojar luz sobre los hechos inició el 27 de julio de este año, aunque lo hizo con la renuncia unánime de los acusados a sus anteriores defensores, la primera de una serie de interrupciones que parecen no tener fin.
Desde entonces el juicio se ha desarrollado de manera intermitente debido a cuestiones como los pedidos de recusación contra los jueces, a los que la defensa acusa de «parcialidad manifiesta», y los numerosos incidentes planteados por ambas partes.
Además, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) denunció en un informe que la investigación fiscal y las pruebas periciales sobre la masacre están salpicadas de irregularidades.
Por su parte, los abogados defensores de los campesinos denuncian además que hay pruebas «presentadas fuera de plazo» o expedientes «desaparecidos».
Protestan también contra la ausencia en el proceso de intérpretes de lengua guaraní, el idioma que emplean los acusados para comunicarse, y que es cooficial en Paraguay junto con el español.
La defensa también cuestiona los tres cargos que se imputan a los campesinos acusados: asociación criminal, invasión de inmueble ajeno y homicidio en grado de tentativa.
El punto que más dudas y polémica suscita en estos días es la acusación de invasión de inmueble ajeno, debido a que la titularidad de las tierras donde sucedió la masacre no está resuelta, sino en disputa judicial entre el Estado paraguayo y la empresa Campos Morombí.
La empresa es propiedad de la familia de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Campos Morombí ha propuesto donar al Estado la finca donde sucedió la masacre para crear una reserva forestal, un proyecto que fue aprobado por ambas cámaras del Parlamento, y que está ahora en manos del Ejecutivo para su sanción como ley o su veto.
La Codehupy, así como representantes de la Iglesia, se oponen a la aprobación de este proyecto, y argumentan que el Estado «no puede aceptar la donación de un terreno que ya es suyo».
Recuerdan que la finca fue donada en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya al Estado, que la utilizó hasta 1999 para las prácticas de un destacamento de la Armada.
Las organizaciones exigen el veto del proyecto legislativo, sobre el que el presidente, Horacio Cartes, deberá pronunciarse.
También aparece el delito de asociación criminal, que organizaciones sociales que respaldan a los acusados ven como un intento de reprimir la organización de los campesinos que luchan por la tenencia de tierras en Paraguay, uno de los países con mayor concentración de tierras del mundo.
En cuanto al delito de tentativa de homicidio, la plataforma Somos Observadores, que promueve la observación ciudadana del proceso judicial, afirma que esta acusación se produce «sin probar siquiera que (los campesinos) hayan disparado un arma».
Por todo ello, tanto la defensa como las organizaciones solicitan que el juicio sea declarado nulo y que se reinicie la investigación, un pedido al que el tribunal no parece dispuesto a plegarse.