Asunción, 27 jul (EFE).- La primera sesión del juicio por la masacre de Curuguaty, en la que murieron once labriegos y seis policías en 2012 y provocó la destitución del entonces presidente paraguayo, Fernando Lugo, dio un vuelco hoy después de que la mayoría de los campesinos acusados renunciara a su defensa.
El juicio, que se celebra en una sala del Palacio de Justicia, en Asunción, quedó postergado hasta el martes.
En la primera sesión del juicio estaba previsto enjuiciar a doce de los campesinos acusados de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, nueve de los cuales enfrentan además el cargo de tentativa de homicidio.
Además, para esta tarde está previsto que se inicie el juicio contra una de las acusadas de los mismos tres cargos que nueve de sus compañeros, pero que tenía 17 años en el momento de los hechos, por lo que su causa se rige por el sistema penal adolescente.
Sin embargo, once de los doce acusados presentes en la sala esta mañana expresaron al ser preguntados por el Tribunal que no tenían confianza en la defensa ejercida por los abogados particulares Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, por lo que renunciaban a su representación.
Ferreiro y Morales habían sido objeto de un sumario abierto por la Corte Suprema de Justicia en su contra a fines de 2012 que les acusaba de «abuso del ejercicio de defensa, mala fe e incidentes dilatorios» con relación al proceso por la masacre.
Ambos abogados declararon a los medios al abandonar la sala que «no esperaban» el pedido de renuncia de los acusados y que esa postura «obedece a una estrategia» de los propios campesinos.
El único acusado que decidió mantener su defensa fue Felipe Urbino, quien es asistido por el defensor público Joaquín Díaz.
Díaz resolvió asumir también la defensa de los otros acusados, a fin de evitar que el juicio se suspendiera.
Sin embargo, el Tribunal decidió postergar el proceso hasta el martes a fin de que el Ministerio de la Defensa Pública delibere sobre si asigna o no más abogados defensores de oficio a la causa.
La decisión de los acusados también causó sorpresa en los asistentes al juicio, entre los que se encontraban familiares de las víctimas de la masacre y de los acusados, así como defensores de derechos humanos que acudieron en calidad de observadores del proceso.
Nora Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, presente en el juicio como observadora internacional, dijo a Efe que «no entendía» la decisión de los campesinos.
Reiteró además su confianza en la «inocencia» de los acusados, a algunos de los cuales visitó en 2014 en prisión cuando mantuvieron una huelga de hambre que duró 58 días, con la que pedían cumplir con su pena de prisión preventiva en régimen de arresto domiciliario.
Más de 300 policías acudieron a Curuguaty, departamento de Canindeyú (norte), el 15 de junio de 2012 a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras que reclamaban para la reforma agraria en ese distrito.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo, cuyo origen aún es desconocido y en el que perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar varios heridos.
El abogado Enrique Gauto, secretario ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), denunció a Efe que hay «numerosas irregularidades» en el proceso contra los acusados, como la «ocultación de pruebas», y otros vicios que llevan a pedir «la nulidad» de la causa.
Denunció además la existencia de «una sola línea de investigación», centrada en esclarecer las muertes de los seis policías, pero no las de los once campesinos que perecieron en la masacre, por cuyos fallecimientos no hay ningún imputado.
La Codehupy ejerce la defensa técnica de la causa contra la acusada que era menor de edad en el momento de los hechos y pide el sobreseimiento de este proceso dado que «nunca fue sometida a un examen psicológico», una «pericia fundamental» para determinar su grado de responsabilidad en los hechos y su imputabilidad.
La mujer es la única de los trece acusados que permanece bajo libertad ambulatoria, es decir puede desplazarse libremente pero debe presentarse una vez al mes en el juzgado; mientras que once de los campesinos se encuentran bajo arresto domiciliario.
Otro de los acusados, Rubén Villalba, continúa en prisión preventiva, dado que fue condenado a siete años de cárcel por un delito de coacción en el marco de una causa ocurrida en 2008.