Asunción, 2 ago (EFE).- Una organización de mujeres paraguayas pidió hoy la anulación del juicio contra los labriegos acusados de participar en 2012 en la masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y 6 policías, el cual se reanudará el lunes, y que ese grupo considera que cuenta con un fallo «prefabricado» de condena.
El juicio por la matanza, que provocó la destitución del entonces presidente paraguayo, Fernando Lugo, comenzó la pasada semana en Asunción, pero fue trasladado a este lunes después de que la mayoría de los acusados renunciara a sus abogados y solicitara una nueva defensa.
Hay trece personas acusadas, pero el juicio a una de ellas, menor de edad en el momento de la matanza, y que se realizará con arreglo al sistema penal adolescente, fue retrasado para el próximo 2 de noviembre.
Según la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri, el proceso se reiniciará «en un contexto de extrema desconfianza por parte de la sociedad paraguaya hacia el aparato judicial» y vaticinó que se cuenta con «una sentencia prefabricada para inculpar a los campesinos y a las campesinas».
La asociación denuncia en su comunicado el «deficiente desempeño del Ministerio Público en la etapa» de investigación, al tiempo que le acusa de presentar «elementos probatorios francamente ridículos», declaraciones parciales y diversas irregularidades.
Conamuri concluye que el juicio «solo será justo y coherente con el Estado de Derecho si decidiera la anulación de todo el proceso judicial por aberrante y por varias veces viciado».
La masacre de Curuguaty (norte) se produjo cuando más de 300 policías acudieron el 15 de junio de 2012 a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras que reclamaban para la reforma agraria.
Se produjo entonces un tiroteo, cuyo origen aún es desconocido, y la muerte de once campesinos y seis policías, además de dejar varios heridos.
De los trece campesinos juzgados, todos acusados de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, diez lo están por intento de homicidio a los seis policías.
No hay nadie procesado por la muerte de los once campesinos muertos.
El episodio propició una semana más tarde la destitución en un polémico juicio parlamentario de Fernando Lugo (2008-2012).