Asunción, 27 nov (EFE).- El presidente paraguayo, Horacio Cartes, aceptó hoy que una empresa done al Gobierno un terreno que ya era estatal y que presuntamente fue usurpado por la compañía, un lugar donde en 2012 se produjo el asesinato de 17 personas durante un enfrentamiento entre policías y campesinos que reclaman la tierra.
Según la Asesoría Jurídica del Gobierno, Cartes promulgó una ley que acepta la transferencia de la tierra y la declara como área silvestre protegida, contraviniendo la decisión del Estado de entregarlo a familias campesinas carentes de la zona antes de que la empresa Campos Morombí invadiera el terreno en la década de 1990.
Campos Morombí propuso donar al Estado la finca donde sucedió la masacre que dejó seis policías y 11 campesinos muertos para crear una reserva forestal, un proyecto que fue aprobado por ambas cámaras del Parlamento, en contra de las organizaciones campesinas de la zona y las defensoras de los derechos humanos.
El proyecto aprobado por Cartes declara ahora el terreno «como área silvestre protegida bajo dominio público, a perpetuidad, con la categoría de manejo de reserva científica de estricta protección y denominación, Reserva Yberá Marina Cue».
La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), así como representantes de la Iglesia, se oponen a la aprobación de este proyecto, y argumentan que el Estado «no puede aceptar la donación de un terreno que ya es suyo».
Alerta además de que se ha puesto en riesgo la independencia del Poder Judicial, en contra de lo expresado en la Constitución paraguaya y recordó que estas tierras fueron declaradas de interés social y destinadas a la reforma agraria por un decreto presidencial emitido en 2004.
Pero las tierras nunca fueron inscritas a nombre del Estado paraguayo debido, según Codehupy, a ciertas acciones irregulares de varios magistrados en acciones judiciales promovidas por la empresa Campos Morombí.
«Marina Cué», tierra de la Marina en idioma guaraní, fue cedida originalmente al Estado en 1967 por la Industrial Paraguaya S.A. y fue utilizadas durante décadas por un destacamento militar hasta que poco a poco la empresa de un cacique político asociado a la dictadura de Alfredo Stroesner (1954-1989) lo comenzó a ocupar, ya en democracia.
La titularidad de las tierras no está resuelta, pues el Estado paraguayo intenta consolidar su derecho de propiedad en la Justicia contra una demanda de la empresa Campos Morombí, que pretende ser la dueña, argumentando que lleva 20 años explotando el terreno para actividades agropecuarias como el cultivo de soja.
La empresa es propiedad de la familia de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura militar.
La Comisión de Verdad y Justicia, por su parte, consideró en su informe de 2008 que se trata de tierras mal habidas, como se conoce en Paraguay a los terrenos apropiados de manera irregular, en especial en la época de la dictadura.
En las mismas tierras se produjo la masacre de Curuguaty, en la que en 2012 murieron once campesinos y seis policías durante un tiroteo originado en un violento desalojo de labriegos que provocó una semana más tarde la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, en un controvertido juicio político.
El juicio a los campesinos acusados de la masacre ha sido suspendido casi una veintena de veces, después de que los defensores recusaran al tribunal por su presunta parcialidad en la causa.