Asunción, 21 sep (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay declaró hoy de interés nacional y social la campaña «Jajoheka, Jajotopa» («Nos buscamos, Nos encontramos», en idioma guaraní) para la identificación de personas desaparecidas durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989.
La Dirección de Reparación y Memoria Histórica (DRMH) de Paraguay está tomando muestras de sangre a familiares de desaparecidos durante la dictadura para crear un banco genético que ayude a identificar los restos óseos descubiertos en los últimos años.
La DRMH volvió a impulsar esta campaña el mes pasado en conmemoración del Día contra las Desapariciones Forzosas, que se recuerda el 30 de agosto.
El banco genético paraguayo cuenta ya con más de 80 muestras de sangre de familiares de personas que desaparecieron durante la dictadura tras ser detenidas por las autoridades, y esperan alcanzar las 200 antes de octubre.
«Seguimos caminando en la búsqueda de la verdad y la justicia», dijo hoy el Museo de las Memorias en sus cuentas de redes sociales en internet.
Las muestras se envían al laboratorio de Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la ciudad argentina de Córdoba y se analizan para extraer el perfil genético, y compararlo después con el de los restos humanos de posibles desaparecidos hallados en Paraguay.
Actualmente el equipo trabaja para identificar los restos óseos pertenecientes a 27 personas encontrados en diferentes excavaciones coordinadas en Paraguay por Rogelio Goiburú, titular de la DRMH.
Basta un pequeño pinchazo en un dedo para extraer una muestra de sangre, que está identificada con un código de barras, a fin de preservar la privacidad de los familiares de desaparecidos.
Antes de cada extracción, el equipo realiza un cuestionario al familiar donante de sangre, y le pide que muestre en un árbol genealógico su grado de parentesco con el desaparecido.
La dictadura militar de Alfredo Stroessner en Paraguay, que fue la más larga del Cono Sur, dejó una secuela de 425 desaparecidos o ejecutados, detuvo a casi 20.000 personas que en su mayoría padecieron torturas, y forzó el exilio de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
La mayoría de los responsables de los crímenes cometidos por la dictadura están libres y sin haber sido juzgados, según denuncia la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy).