Asunción, 10 ago (EFE).- El Gobierno paraguayo aprobó un decreto para obligar a que los funcionarios públicos accedan a sus cargos por concurso público de oposición, como forma de «instalar una gestión transparente y eficiente», afirmó hoy el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Humberto Peralta.
El decreto, promulgado el pasado 6 de agosto, establece que las promociones profesionales, los cambios de categoría y las contrataciones de personal en el ámbito de la administración pública se realicen de manera obligatoria a través de un concurso público.
Con este sistema, el Gobierno «apuesta a la meritocracia y profesionalización» de sus empleados públicos, indicó Peralta en un comunicado.
El decreto no tendrá «efectos retroactivos», de manera que no se anularán las contrataciones ni los nombramientos realizados sin concurso hasta la fecha.
Así, los eventuales despidos de funcionarios no se realizarán por la entrada en vigor de este decreto, sino que seguirán «procesos naturales», como la finalización de contratos o la evaluación de su desempeño.
«No nos gratifica escuchar que todavía existen algunos funcionarios que cobran salarios sin la debida contraprestación de servicios», afirmó Peralta.
Agregó que la entrada en vigor del decreto obligará a las direcciones de Recursos Humanos de varios organismos públicos a formarse en el uso de la plataforma Paraguay Concursa, un portal web donde se publican las convocatorias a cargos públicos.
«Más de 40.000 personas han concursado a los diferentes cargos, tenemos más de 140.000 personas que han confiado para postular no una sola vez, hay gente que ha postulado más de 30 veces a un cargo dentro de la administración pública y eso es lo queremos ratificar», explicó el titular de la SFP.
El último escándalo de contrataciones fraudulentas y pago indebido de honorarios que afectó a una administración pública en Paraguay fue la supuesta trama de corrupción en la Contraloría General, el organismo independiente encargado de verificar las finanzas estatales.
Por estos hechos está imputado el contralor, Óscar Rubén Velázquez, y la segunda en el cargo, Nancy Torreblanca.
Velázquez además está siendo sometido a un juicio parlamentario por mal desempeño de sus funciones y el martes comparecerá en el Senado para la segunda de las tres sesiones de ese proceso.