Asunción, 22 oct (EFE).- Los abogados de los procesados por la masacre de Curuguaty en Paraguay, que en 2012 dejó 17 muertos y causó el cese del entonces presidente Fernando Lugo, exhortaron hoy al tribunal que juzga el caso que pida a la Policía española remitir un informe sobre el origen de los disparos realizados en la matanza.
La exhortación se produjo al reiniciarse el juicio, en el Palacio de Justicia, en Asunción, después de que fuera aplazado en once ocasiones por diversos recursos presentados por la defensa.
El informe que piden los abogados fue elaborado después de que en 2012 la policía científica española colaborara con la paraguaya para el análisis de algunas pruebas periciales de la masacre, explicó a Efe el abogado Víctor Azuaga, uno de los defensores de los campesinos juzgados.
Sin embargo, el estudio, que según Azuaga llevaría a establecer si los disparos fueron realizados con armas automáticas o manuales y arrojaría luz sobre quiénes fueron los autores de los tiros, «nunca fue enviado» a los defensores de Paraguay.
Los abogados pretenden que el informe sea incorporado como prueba a la causa.
Además, en la sesión de hoy el tribunal rechazó el pedido planteado por la defensa para conceder la libertad ambulatoria a los procesados, que acumulan más de tres años en prisión preventiva sin condena.
Por su parte, los abogados Oliver Narváez y Bernardo Insaurralde, que representaban a dos de los acusados, renunciaron hoy a sus cargos, por lo que el tribunal decretó un plazo de 48 horas para presentar a los abogados sustitutos o designar a defensores públicos.
Los jueces dispusieron además que se realice una auditoría a la gestión de los restantes abogados de los campesinos, a pedido de la Fiscalía, que argumenta que los defensores están recurriendo a artimañas jurídicas para dilatar el proceso.
Azuaga afirmó que este pedido de auditoría por parte del Ministerio Público es un intento de «amedrentar a la defensa» y que el representante de la Fiscalía, Jalil Rachid, «actúa como un abogado de los Riquelme», una familia de empresarios que dice ostentar la titularidad de las tierras donde se produjo la masacre.
El terreno conocido como Marina Kué, donde tuvo lugar la masacre, consta de unas 2.000 hectáreas de tierras en litigio desde hace una década entre el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
La matanza de Curuguaty, que dejó 11 agricultores y 6 policías muertos, ocurrió durante un violento desalojo en dichas tierras el 15 de junio de 2012, ocupadas por los campesinos de la zona para solicitar que formaran parte de la reforma agraria.
El hecho desembocó una semana después en un juicio político al entonces presidente, Fernando Lugo, en el Parlamento, que le destituyó por mal desempeño de sus funciones.
Mientras que los campesinos enfrentan los cargos de tentativa de homicidio, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal en relación con la masacre, la Fiscalía no ha imputado a nadie por la muerte de los once labriegos durante el tiroteo.