Asunción, 28 jul (EFE).- El tribunal de la causa contra 12 de los 13 campesinos acusados de participar en la masacre de Curuguaty, que en 2012 provocó la muerte de 11 labriegos y 6 policías y llevó a la destitución del presidente Fernando Lugo, pospuso hoy el proceso hasta el lunes, a petición del nuevo abogado defensor.
Víctor Azuaga asumió hoy la defensa de once de estos doce acusados, que el pasado lunes, al inicio del juicio, renunciaron a sus abogados defensores argumentando que no tenían confianza en ellos.
Otro de los acusados, Felipe Nery, está siendo representado desde el inicio de la causa por el defensor público Joaquín Díaz.
La última de las acusadas, menor de edad en el momento de la masacre, será juzgada con arreglo al sistema penal adolescente, y su juicio se retrasó para el próximo 2 de noviembre.
Azuaga solicitó la suspensión del juicio contra los doce acusados adultos durante «el máximo período de tiempo posible» para poder estudiar en detalle la causa, que consta de más de 2.000 folios, según dijo.
El tribunal aceptó la petición, pero sólo concedió un plazo de tres días, de forma que el juicio se reanudará el próximo lunes a las 8 de la mañana.
El juez Ramón Trinidad Zelaya, presidente del tribunal, argumentó que «aunque se podría otorgar más tiempo» a la defensa, el plazo de tres días es «razonable», para no demorar más el resultado de una causa que se inició hace ya tres años.
«La prensa y la gente reclaman por el largo tiempo de espera que tuvieron, y quieren ya una resolución», afirmó Zelaya.
Azuaga, por su parte, protestó porque consideró que, en el plazo concedido, es «humana y técnicamente imposible» preparar la defensa de once acusados de una forma que «garantice sus derechos procesales».
A la salida de la sesión, Azuaga agregó en declaraciones a los medios de comunicación que recurrirá la decisión judicial para conseguir que se le otorgue un plazo mayor de tiempo.
Aseguró además que pedirá una recusación para el juez Zelaya, porque considera que anticipó una opinión sobre el juicio con su comentario acerca de que la prensa y la opinión pública quieren resultados para el juicio.
Azuaga, que fue secretario ejecutivo de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Paraguaya, ya había participado anteriormente en el proceso y retomó la causa a pedido de los familiares y los acusados, después de que once de ellos renunciaran en los que eran sus defensores, Vicente Morales y Guillermo Ferreiro.
Estos once acusados expresaron al inicio del juicio que no tenían confianza en ellos y que renunciaban a esa defensa.
Nueve de estos campesinos están acusados de homicidio doloso en grado de tentativa, invasión de inmueble ajeno, coacción, coacción grave y asociación criminal, según el Ministerio Público.
Otros dos de los acusados están imputados por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
Por otra parte, el acusado Felipe Urbina, está acusado del delito de frustración de la persecución penal.
Más de 300 policías acudieron a Curuguaty, departamento de Canindeyú (norte), el 15 de junio de 2012 a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras que reclamaban para la reforma agraria en ese distrito.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo, cuyo origen aún es desconocido y en el que perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar varios heridos.
No hay ningún procesado por la muerte de los once campesinos en la masacre.