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Discurso de Gabriel Boric
Asunción, 2 nov (EFE).- El Tribunal de Sentencia de la localidad paraguaya de Salto del Guairá (este) resolvió posponer el juicio previsto para hoy contra una joven acusada por la masacre de Curuguaty, que en 2012 dejó 17 muertos y causó la destitución del presidente Fernando Lugo, y que en ese momento era menor de edad.
La joven, de 20 años, será juzgada el próximo 7 de marzo en Salto del Guairá, debido a que el tribunal encargado de su causa es el mismo que actualmente juzga a once de los campesinos acusados por la masacre, informó la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), que ejerce la defensa técnica de la acusada.
La Codehupy denuncia que la entonces adolescente «no fue evaluada psicológicamente», una prueba que se considera «fundamental» en el proceso judicial para determinar la madurez psicosocial de los menores y su responsabilidad en los hechos.
Reclaman además que las defensoras públicas que inicialmente asistieron a la joven tuvieron hacia ella un «trato discriminatorio», al realizarle «preguntas incriminatorias, no ofrecer pruebas para su defensa y actuar en complicidad con la Fiscalía».
La matanza de Curuguaty, que dejó 11 agricultores y 6 policías muertos, ocurrió el 15 de junio de 2012 durante el violento desalojo de unas tierras ocupadas por campesinos de la zona en demanda de que formaran parte de la reforma agraria.
Esa masacre desembocó una semana después en un juicio político al entonces presidente, Fernando Lugo, en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.
Mientras los campesinos están acusados de cargos como invasión de inmueble ajeno, homicidio en grado de tentativa y asociación criminal, la Fiscalía no ha imputado a nadie por la muerte de los once agricultores durante el tiroteo.
El juicio contra los campesinos mayores de edad al momento de la masacre acusados se retomará el próximo jueves en el Palacio de Justicia de Asunción.
La masacre se produjo en las tierras conocidas como Marina Kue, que se disputan desde hace más de una década el Estado paraguayo y la familia del fallecido Blas Riquelme, histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
La Cámara de Senadores estudia ahora un proyecto de ley ya aprobado por Diputados para declarar como reserva natural a las tierras que fueron escenario de la masacre, una iniciativa a la que se opone Codehupy y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos.