Asunción, 27 jul (EFE).- El juicio por la masacre de Curuguaty, en la que murieron 17 personas en 2012 y provocó la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, fue postergado hasta el martes después de que 12 de los 13 acusados renunciaran a sus abogados durante la primera sesión del proceso, iniciado hoy en Asunción.
Doce de los campesinos acusados estaban representados por los abogados particulares Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, a cuyos servicios renunciaron uno a uno tras comenzar la sesión en una sala del Palacio de Justicia, alegando que ya no confiaban en su defensa.
Seguidamente solicitaron como abogado de oficio a Joaquín Díaz, quien lleva la defensa de Felipe Urbina , uno de los acusados por la matanza y el único que contaba con un defensor público.
Ante esa renuncia, el juicio fue suspendido hasta el martes para que el Ministerio de la Defensa Pública decida si Díaz puede asumir el conjunto de la defensa o necesitará mas abogados.
Por su parte Ferreiro y Morales dijeron a Efe que esa decisión los tomó por sorpresa ya que sus defendidos no les habían comunicado nada al respecto.
Añadieron que desconocen a qué se debe ese cambio de estrategia, aunque señalaron que están en su derecho de adoptarla.
El juicio había comenzado con sus trámites iniciales ante la presencia de los acusados, familiares y observadores internacionales y activistas por los derechos humanos, entre ellos la argentina Nora Cortiñas, fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo.
Más de 300 policías acudieron a Curuguaty, departamento de Canindeyú (norte), el 15 de junio de 2012 a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras que reclamaban para la reforma agraria en ese distrito.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo cuyo origen aún es desconocido, y en él perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar varios heridos.
El sangriento episodio propició una semana más tarde la destitución en un juicio parlamentario del entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012).
Son 13 los campesinos juzgados y acusados de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, mientras que 10 de ellos afrontan cargos de intento de homicidio de 6 policías.
No hay nadie imputado por la muerte de los 11 campesinos restantes.
El suceso se produjo en los terrenos de Marina Cué. La empresa Campos Morombí dice ser la propietaria del terreno y mantiene un litigio que dura ya casi una década para defender su supuesta titularidad.
Los campesinos de la zona afirman que son propiedad del Estado.
La empresa pertenece a la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la época del dictador Alfredo Stroessner.