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Asunción, 26 ago (EFE).- Tras cinco interrupciones desde su comienzo en julio, se reanudó hoy el juicio contra 13 campesinos en Paraguay por la masacre de Curuguaty, donde murieron seis policías y once labriegos en un enfrentamiento en 2012, que provocó una semana después la destitución del presidente Fernando Lugo.
La audiencia realizada en el Palacio de Justicia de Asunción se inició a primera hora de la mañana, convocando a activistas y políticos paraguayos y de otros países que han venido a observar el desarrollo del proceso.
La defensa comenzó la cita pidiendo que el juicio se lleve a cabo en idioma guaraní, oficial junto al castellano en Paraguay y en el que los imputados requirieron hablar y así les fue concedido.
Acto seguido, el abogado Víctor Azuaga solicitó la suspensión del proceso, pues aseguró que el Poder Judicial no justificó adecuadamente la confirmación de los jueces encargados del caso, que habían sido recusados por la defensa.
Además, Lucía Aguayo, una de las acusadas, pidió cambiar de defensor, y ponerse en manos de Azuaga, junto al resto, lo que fue aceptado por los jueces.
La defensa también exigió al tribunal cambiar la sala de audiencias y que se expulse a la Policía Nacional de la sala, o al menos de los asientos destinados para el público y las familias, por «su relación con el caso» y que fueran sustituidos por militares, cuestión que fue rechazada por los jueces.
Tras un receso, el tribunal decidió no dar lugar a la expulsión e los policías ni al cambio de sala por falta de espacios.
El proceso judicial por la masacre de Curuguaty involucra a doce adultos con la muerte de seis policías, ocurrida durante un violento desalojo en junio de 2012 de las tierras que unos campesinos habían ocupado para solicitar que formaran parte de la reforma agraria.
La matanza, cuyo comienzo nunca ha sido esclarecido, desembocó una semana después en un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.
Mientras que los campesinos son acusados de invasión de inmueble ajeno, tentativa de homicidio y asociación criminal, la Fiscalía no ha investigado ni imputado a nadie por la muerte de los once labriegos en el tiroteo.
El terreno conocido como Marina Kué, donde se produjo la masacre, son unas 2.000 hectáreas de tierras en litigo hace una década entre el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).