Asunción, 3 sep (EFE).- El abogado Víctor Azuaga, defensor de 10 de los 12 acusados por la masacre de Curuguaty, en Paraguay, que en 2012 provocó la muerte de 17 personas y la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, confirmó hoy a Efe que un pedido de recusación contra el tribunal de la causa fue rechazado.
El abogado Pablo Aguayo, defensor de la acusada Lucía Agüero, había presentado en la sesión del miércoles un pedido de recusación contra el pleno del tribunal al considerar como «parcialidad» que los jueces se expresaran en lengua castellana, pese a que la lengua materna de los acusados en el proceso es el guaraní, predominante en regiones rurales del país.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá resolvió hoy no hacer lugar a este pedido de recusación, según informó Azuaga.
El defensor señaló que «es llamativa la celeridad» con la que la Cámara se pronunció con respecto del pedido de recusación, y opinó que «la Justicia está recibiendo presiones para que se dé continuidad al proceso».
El abogado reiteró además que «se han detectado muchas irregularidades» en la investigación del caso, como la «falta de declaración de testigos claves» en el proceso.
En este sentido, se refirió a la muerte el pasado 14 de agosto del oficial de policía Marcos Agüero, después de que sufriera un accidente el helicóptero que pilotaba durante un patrullaje en la ciudad de Limpio, en el Gran Asunción.
«Este accidente fue muy misterioso. Agüero era uno de los testigos principales del caso Curuguaty, que estuvo presente en el momento de los hechos también a bordo de un helicóptero, pero sin embargo nunca fue citado a declarar», aseguró Azuaga.
Por su parte, el activista y defensor de los Derechos Humanos Martín Almada, dijo a Efe que el juicio a los campesinos acusados por la masacre no debería haber comenzado sin esclarecer la titularidad de las tierras.
El terreno conocido como Marina Kué, donde se produjo la masacre, consta de unas 2.000 hectáreas de tierras en litigio desde hace una década entre el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
«¿Cómo pueden acusar (a los campesinos) de invasión de inmueble ajeno si el terreno es propiedad del Estado?», se interrogó Almada, conocido por haber hallado en Paraguay los Archivos del Terror que documentan la coordinación de la represión entre las dictaduras del Cono Sur en el llamado Plan Cóndor.
La matanza de Curuguaty ocurrió durante un violento desalojo en dichas tierras en junio de 2012 que unos campesinos habían ocupado para solicitar que formaran parte de la reforma agraria, y dejó 11 agricultores y 6 policías muertos.
El hecho desembocó una semana después en un juicio político al entonces presidente, Fernando Lugo, en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.
El evento convulsionó la vida política del país y dejó a Paraguay aislado diplomáticamente en la región, al ser suspendido durante un año de las organizaciones Mercosur y Unasur.
Mientras que los campesinos son acusados de invasión de inmueble ajeno, tentativa de homicidio y asociación criminal, la Fiscalía no ha investigado ni imputado a nadie por la muerte de los once labriegos durante el tiroteo.