Asunción, 20 ago (EFE).- Una cámara de apelaciones de Paraguay rechazó hoy el pedido de recusación presentado por la defensa contra los jueces del tribunal que procesa a los acusados por la masacre de Curuguaty, que dejó 17 muertos en 2012 y desencadenó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.
La Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá rechazó este pedido al considerar que se trata de un «recurso dilatorio», presentado por el abogado de once de los acusados, Víctor Azuaga, para ganar tiempo, según publican medios locales.
El pasado 3 de agosto, Azuaga pidió que los jueces se apartaran de la causa a raíz de unas declaraciones que realizó el presidente del tribunal, Ramón Trinidad Zelaya, en la sesión anterior, cuando dijo que «el proceso lleva ya tres años y la prensa y la gente quieren conocer ya la sentencia».
Azuaga consideró que el juez Zelaya «perdió su independencia» con estas declaraciones, y está sometido a «injerencias externas», por lo que «compromete su imparcialidad y transgrede los derechos procesales» de los acusados.
Expuso además que el resto de miembros del tribunal aceptaron las declaraciones de Zelaya con «su silencio», por lo que pidió la recusación del pleno del tribunal.
Sin embargo, la cámara de apelaciones no tuvo en cuenta estos argumentos y confirmó a los integrantes del tribunal, que deberán fijar ahora una fecha para que se reanude el proceso.
Azuaga había asumido la defensa de once de los acusados el pasado 28 de julio, después de que al inicio del proceso renunciaran a sus anteriores abogados por «haber perdido la confianza» en ellos.
El juicio por la masacre de Curuguaty involucra a doce personas adultas con la muerte de seis policías ocurrida durante un violento desalojo en junio de 2012 de las tierras que unos campesinos habían ocupado para solicitar que formaran parte de la reforma agraria.
Además, hay otra acusada, menor de edad en el momento de los hechos, que será juzgada en noviembre a través del sistema penal adolescente.
La matanza desembocó una semana después en un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.
No hay ningún imputado por la muerte de los once campesinos.