Asunción, 2 sep (EFE).- La defensa de una de las campesinas del grupo de acusados en el juicio por la masacre de Curuguaty, que en 2012 provocó la muerte de 17 personas y la destitución del presidente Fernando Lugo, pidió hoy la recusación del tribunal por no traducir el proceso al guaraní, idioma materno de los acusados.
El abogado Pablo Aguayo, defensor de Lucía Agüero, solicitó que el tribunal sea apartado de la causa debido a que considera parcial que los jueces solo utilicen la lengua castellana, y no el idioma guaraní, que es oficial en Paraguay junto al español y la lengua materna en las zonas rurales y más populares del país.
La defensa ya había planteado en una audiencia celebrada la semana pasada la necesidad de un intérprete para los acusados, que sin embargo no compareció en la sesión de este miércoles en el Palacio de Justicia de Asunción.
«El tribunal pisotea los derechos lingüísticos de los acusados», afirmó en guaraní Aguayo durante el juicio, en una intervención que arrancó los aplausos de los asistentes, muchos de ellos activistas, observadores o políticos paraguayos y de otros países que gritaron: «libertad a los presos por luchar».
El tribunal resolvió la suspensión temporal del juicio a la espera de que la Cámara de Apelaciones de Saltos del Guairá se pronuncie sobre el pedido de recusación, el segundo que presentan los abogados defensores desde que se inició el proceso en julio.
El abogado de diez de los acusados, Víctor Azuaga, había solicitado entonces la recusación de los jueces porque consideró que el presidente del tribunal, Ramón Trinidad Zelaya, «preopinó al decir que la prensa y la gente querían ya una sentencia», pero la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido.
A su salida de la sala, Aguayo explicó a Efe que tanto los interrogatorios, como las audiencias públicas y los documentos policiales realizados en lengua castellana durante todo el proceso judicial «son nulos» debido a que los acusados son hablantes de guaraní y «se vulneraron así sus derechos lingüísticos».
«Incluso uno de los acusados rompió a llorar y vino a abrazarme al final del juicio porque era la primera vez desde que empezó el proceso contra él hace tres años que entendía íntegramente qué estaba ocurriendo, gracias a que me expresé en guaraní», relató el abogado.
Afirmó además que en el proceso «existen otras muchas violaciones a los derechos», como las que afectan a su defendida, Lucía Agüero, que, según relató, fue llevada a declarar tras la masacre cuando todavía tenía una bala alojada en el muslo, sin que recibiera atención médica.
Denunció otras irregularidades, como el hecho de que un ciudadano de Curuguaty pudiera acceder tras la masacre al lugar de los hechos, donde se realizaban las pericias, y recolectara más de 500 casquillos de bala, alterando el escenario de la matanza.
«El hecho de que un ciudadano haya podido acceder al lugar contamina totalmente todas las pruebas que puedan haber sido recogidas allí», afirmó el abogado.
Lamentó también la situación de la hija de Lucía Agüero, de diez años de edad, quien según un informe médico presentado en el juicio padece dificultades motoras y del lenguaje y necesita ser evaluada por especialistas.
«Lucía es viuda y además perdió a su hermano en la masacre. La niña va deambulando con ella por todas las cárceles en las que le toca ir», dijo Aguayo, que pidió al tribunal que permita a Agüero acompañar bajo custodia policial a su hija para recibir atención médica.
La matanza de Curuguaty en junio de 2012, cuyo comienzo nunca ha sido esclarecido, desembocó una semana después en un juicio político al entonces presidente, Fernando Lugo, en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.
El evento convulsionó la vida política del país y dejó a Paraguay aislado diplomáticamente en la región, al ser suspendido durante un año de las organizaciones Mercosur y Unasur.
Mientras que los campesinos son acusados de invasión de inmueble ajeno, tentativa de homicidio y asociación criminal, la Fiscalía no ha investigado ni imputado a nadie por la muerte de los once labriegos en el tiroteo.
El terreno conocido como Marina Kué, donde se produjo la masacre, consta de unas 2.000 hectáreas de tierras en litigio desde hace una década entre el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).