Asunción, 16 nov (EFE).- El trabajo de los observadores internacionales en las elecciones municipales del domingo en Paraguay fue un «elemento disuasorio» para el fraude electoral, un problema «endémico» en el país, dijo hoy a Efe el sindicalista español Manuel Zaguirre, que participó como observador.
Zaguirre, que fue vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo, explicó que estas irregularidades se detectaron ese día «en menor medida» que en comicios anteriores, debido al rol de misiones de observación como las de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), entre otros organismos.
También señaló como otra arma para reducir el fraude la aparición de partidos nuevos, aunque minoritarios, ya que provocan un «aumento del número de interventores en las mesas» que controlan «un recuento público de los votos».
«La tendencia apunta a una mejora de la situación de fraude en ciudades donde se concentra gran cantidad del electorado, como Asunción», dijo.
Sin embargo, aseguró que la compra-venta de votos se sigue dando entre un vendedor acuciado por la pobreza y un operador al servicio de un partido político.
«Un voto puede comprarse por entre 50.000 y 100.000 guaraníes (entre 8,8 y 17 dólares), mientras que el operador que se encarga de la compra de votos puede llegar a ganar con esa práctica alrededor de medio millón de guaraníes (unos 88 dólares)», señaló.
Por su parte, Jazmín Acuña, directora de proyectos de la ONG paraguaya Tedic, dijo a Efe que la plataforma digital El Avizor, creada para facilitar a los ciudadanos la denuncia de ese tipo de hechos durante y después de los comicios del domingo, recogió 126 reportes de irregularidades con fotografías y textos enviados a través de teléfonos celulares.
«La mayor cantidad de reportes realizados guardan relación con irregularidades sobre la votación, como compra de votos o presión indebida que ejercen algunas personas sobre otras para que voten en cierta dirección», expresó Acuña.
Zaguirre, por su parte, matizó que la situación a ese respecto es muy diferente en zonas remotas de Paraguay, como el Chaco o la frontera con Brasil, zonas de difícil acceso por la falta de infraestructuras viales donde no llegan los observadores y donde se siguen verificando irregularidades que quedan impunes «por la ausencia del Estado».
Recordó que en las elecciones presidenciales de 2013, en las que también participó como observador, fue testigo de cómo un camión del hoy gobernante Partido Colorado trasladaba a campesinos «como si fueran ganado» hasta locales de votación situados en una ciudad del departamento de San Pedro, en el norte del país.
«Seguramente muchos de esos campesinos eran analfabetos y fueron llevados por la fuerza y obligados a votar por el Partido Colorado», dijo el sindicalista.
Esta práctica sería análoga a la de los «corralones», donde los operadores de los partidos encierran a votantes indígenas para garantizar que apoyen a su color político, algo que la eurodiputada Renate Weber, observadora de la Unión Europea en las elecciones de 2013, calificó entonces de «atentatoria contra la dignidad humana».
La compra y venta del voto es un delito penado con cinco años de cárcel en Paraguay, donde la Fiscalía desplegó a 120 agentes fiscales para supervisar las elecciones del domingo.
Un millón y medio de paraguayos se encuentran en situación de pobreza, lo que equivale al 22,6 % de la población de Paraguay, que cuenta con 6.780.504 habitantes, según los últimos datos de 2014 divulgados por la estatal Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC).
Durante los comicios que se realizaron ayer en Paraguay se eligieron intendentes y concejales para 250 municipios, y estaban convocados cerca de 4 millones de electores.
En la mira estaba la gobernación del municipio de Asunción, donde el periodista Mario Ferreiro se impuso sobre el colorado Arnaldo Samaniego, quien pretendía repetir en el cargo y había sido personalmente apoyado por el presidente del país, Horacio Cartes, muy implicado en toda la campaña.